Las autoridades portuarias de Canarias han intensificado su presión en Bruselas contra la aplicación del sistema europeo de comercio de emisiones al transporte marítimo. Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y Pedro Suárez, presidente de la de Santa Cruz de Tenerife, se reunieron este lunes con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Movilidad, Pablo Rodríguez, para trasladarles las conclusiones de sus encuentros de la semana pasada con distintas direcciones generales de la Comisión Europea.
El mensaje que ambos responsables portuarios llevaron a la mesa es claro: las tasas ETS no son un problema menor de logística. Para un archipiélago que depende del barco para abastecerse de casi todo, desde combustible hasta alimentos, cualquier encarecimiento del transporte marítimo repercute directamente en los precios que paga la gente en el supermercado o en la gasolinera.
Puertos de tres países, una sola voz ante Europa
Una de las novedades más relevantes que se trasladaron en la reunión es la decisión de los puertos de las regiones ultraperiféricas de España, Francia y Portugal de actuar de forma coordinada ante las instituciones europeas. La alianza incluye archipiélagos como Azores, Madeira, Martinica o Guadalupe, todos ellos con una dependencia marítima similar a la canaria y con las mismas razones para exigir un tratamiento diferenciado.
La estrategia conjunta busca reforzar el peso político de unas regiones que, individualmente, tienen escasa capacidad de presión en Bruselas. Juntas, sin embargo, representan una realidad territorial extensa y con argumentos sólidos: son regiones alejadas del continente, fragmentadas, y cuya conectividad no puede medirse con los mismos parámetros que los puertos del norte de Europa.
¿Bastará esa unión para que la Comisión Europea modifique su postura? Por ahora, la respuesta está en el aire. Lo que sí es evidente es que la presión institucional ha subido de nivel en las últimas semanas.
El riesgo del desvío de tráficos, la amenaza más concreta
Más allá del impacto en el coste de vida, los responsables portuarios pusieron sobre la mesa un escenario que preocupa especialmente a los puertos canarios: el posible desvío de tráficos hacia puertos de terceros países no sometidos a las tasas ETS. Si las navieras encuentran que operar desde Tánger o Dakar resulta más barato que hacerlo desde Las Palmas o Santa Cruz, la competitividad del archipiélago como hub de tránsito atlántico quedaría seriamente comprometida.
Esta amenaza no es teórica. Puertos del norte de África llevan años ganando cuota de mercado en rutas transatlánticas, y cualquier sobrecarga adicional para los operadores que toquen puertos europeos podría acelerar ese desplazamiento. Para Canarias, que ha invertido mucho en posicionarse como nodo logístico entre Europa, África y América, el momento de actuar es ahora.
Fernando Clavijo recogió el guante y reiteró su compromiso de defender ante Europa la excepcionalidad de Canarias y la necesidad de que el archipiélago quede exento de estas tasas. Se comprometió además a trabajar con las dos autoridades portuarias en una hoja de ruta común que permita seguir trasladando a Bruselas el impacto real de la medida sobre la conectividad y los costes logísticos del archipiélago.
Los responsables portuarios también subrayaron que los presidentes de los distintos gobiernos de las regiones ultraperiféricas deben seguir implicándose directamente en la interlocución con Europa. A fin de cuentas, no es solo una cuestión técnica de comercio de emisiones: es una cuestión de cohesión territorial y de quién paga la factura de la transición verde. Y en Canarias, esa factura tiene un peso específico que el continente todavía no termina de entender del todo.