Más de mil millones en impagos: la deuda morosa que ahoga a cabildos y ayuntamientos canarios

Los cabildos insulares y los ayuntamientos canarios acumulan una deuda de morosos que ya supera los mil millones de euros. La cifra, que engloba tributos, tasas y otros conceptos pendientes de cobro, refleja la magnitud de un problema crónico para las haciendas locales del archipiélago y pone en evidencia las dificultades que enfrentan estas administraciones para financiar servicios e inversiones con sus propios recursos.

Los cabildos insulares son la institución propia de cada isla canaria, responsables de la gestión de competencias que van desde las carreteras insulares hasta los servicios sociales, pasando por la promoción económica y la gestión medioambiental. Junto a los ayuntamientos, forman el primer escalón de la administración pública en el archipiélago y dependen de manera determinante de la recaudación de sus propios tributos para cerrar sus presupuestos anuales. Cuando esa recaudación falla, el efecto se traduce de forma directa en menos obras, menos contrataciones y, en ocasiones, en retrasos en el pago a proveedores locales.

La morosidad tributaria no es un fenómeno nuevo en las administraciones públicas españolas, pero en el caso canario adquiere una dimensión particular. El tejido empresarial insular, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, ya sufrió un deterioro severo durante la crisis turística provocada por la pandemia entre 2020 y 2021. Muchas de esas deudas tributarias que no se abonaron entonces han ido engrosando los registros de ejecutivas pendientes en las tesorerías municipales e insulares, sin que los mecanismos de cobro hayan logrado reducirlos de forma significativa.

Una carga que lastra las haciendas insulares

Superar la barrera del millar de millones de euros en deudas pendientes no es un dato menor. Para contextualizar su peso real, basta con considerar que los presupuestos anuales de muchos ayuntamientos canarios medianos no alcanzan los veinte millones de euros. La morosidad acumulada equivale, por tanto, a décadas de presupuesto ordinario de numerosos municipios, lo que da idea de la dificultad estructural que representa su recuperación.

Los procedimientos de cobro ejecutivo que utilizan las administraciones locales para perseguir estas deudas son, en teoría, herramientas eficaces: embargo de cuentas, retención de devoluciones o la vía de apremio sobre bienes. Sin embargo, la práctica demuestra que la recuperación efectiva de estas cantidades es lenta y parcial, especialmente cuando el deudor carece de bienes o se encuentra en situación de insolvencia. El resultado es que una parte significativa de esa deuda morosa acaba siendo incobrable o queda paralizada durante años en procedimientos administrativos y judiciales.

Las haciendas locales canarias tienen, además, una particularidad relevante. El Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago, que recoge beneficios fiscales específicos para las islas, no exime a los contribuyentes de sus obligaciones tributarias ordinarias frente a los entes locales. El impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas o las tasas por servicios municipales siguen siendo de obligado cumplimiento, y su impago es precisamente el que alimenta buena parte de los registros de morosos.

El reto de cobrar sin asfixiar la actividad económica

Para los gestores municipales e insulares, la presión de recuperar deuda morosa convive con la necesidad de no deteriorar el tejido productivo local. Ejecutar embargos de forma masiva sobre empresas que aún están operando puede acelerar su cierre y reducir todavía más la base tributaria futura. Es una tensión que los técnicos de hacienda local conocen bien y que, en muchos casos, lleva a priorizar acuerdos de fraccionamiento y aplazamiento antes que la vía ejecutiva directa.

Los fraccionamientos permiten a deudores con dificultades económicas reales regularizar su situación de forma gradual, pero también dilatan en el tiempo el ingreso efectivo de fondos en las arcas públicas. Mientras tanto, los servicios que prestan cabildos y ayuntamientos deben seguir funcionando, lo que obliga a recurrir con mayor frecuencia a endeudamiento externo o a ajustar las partidas de inversión.

La cifra de más de mil millones de euros en impagos acumulados frente a las administraciones locales canarias subraya la urgencia de abordar este problema de forma sistemática. Las instituciones afectadas cuentan con herramientas legales para actuar, pero su efectividad real depende en gran medida de la situación económica de los deudores y de la capacidad operativa de unas tesorerías que, en muchos municipios pequeños, trabajan con plantillas muy ajustadas. El seguimiento de esta deuda y la evolución de su recuperación serán determinantes para la salud financiera de las administraciones locales del archipiélago en los próximos ejercicios.