Más de 30 colectivos de la sociedad civil canaria han impulsado un manifiesto conjunto en el que denuncian lo que describen como censura ideológica en el sistema educativo de las islas. El documento, suscrito por organizaciones de distinto perfil, pide garantías explícitas para la libertad de cátedra y para el pluralismo en las aulas.

El manifiesto lleva el debate sobre los límites entre pedagogía y adoctrinamiento al centro de la conversación pública en las islas.

Los impulsores del texto utilizan el término censura entre comillas, lo que revela que son conscientes de la carga del concepto. Sin embargo, la elección de esa palabra no parece casual: los firmantes quieren subrayar que, a su juicio, determinadas prácticas o decisiones dentro del sistema educativo canario restringen la pluralidad de visiones que debería tener cabida en las aulas. El manifiesto no denuncia una prohibición formal, sino lo que perciben como una presión sistemática sobre los contenidos y los enfoques pedagógicos.

Qué hay detrás de la palabra censura

En el debate educativo contemporáneo, el término censura ideológica aparece en contextos muy distintos y con significados a veces opuestos. El manifiesto canario no especifica, con la información disponible, desde qué coordenadas exactas parte cada uno de los más de treinta colectivos firmantes, aunque el hecho de que se hayan unido bajo un mismo texto sugiere que comparten al menos un diagnóstico común sobre la situación actual.

Entre las entidades firmantes se encuentran la Plataforma Feminista 8M Tenerife, el Foro Contra la Violencia de Género de Tenerife, el Colectivo Feminista Mujeres en el Encuentro, la Asociación Domitila Hernández, la Asociación Feminista Mercedes Machado, la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE), el Sindicato STEC de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, la Fundación Canaria de Pensamiento Crítico La Colectiva, la Fundación Canaria TAMAIMOS y múltiples entidades LGBTIQA+ como Diversas, Aperttura, Libertrans, Equidades, Caminar Intersex, Iris y la Federación Estatal LGTBI+.

Lo que sí es cierto es que la educación pública en Canarias depende institucionalmente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que es quien establece los currículos y las directrices pedagógicas en el marco de la legislación estatal. Cualquier denuncia de interferencia ideológica en las aulas apunta, directa o indirectamente, a las decisiones que se toman en ese nivel administrativo.

El archipiélago no es ajeno a este tipo de tensiones. Aunque los argumentos son similares en toda España, el contexto insular añade capas.

Una sociedad civil que toma la palabra

La articulación de más de 30 organizaciones en torno a un texto común es, en sí misma, un dato relevante. Que ese denominador sea la denuncia de la censura educativa dice algo sobre el grado de preocupación compartida.

Desde esa perspectiva, que en Canarias más de treinta colectivos puedan articular públicamente una crítica al sistema educativo y exigir cambios es, en sí mismo, una expresión del espacio democrático. Sin embargo, ese espacio no está garantizado de forma automática: requiere vigilancia y participación activa de la sociedad civil, que es precisamente lo que el manifiesto reivindica.

¿Tendrá eco el documento en la administración autonómica? Treinta colectivos representan voces, redes y comunidades concretas. Eso tiene peso político, aunque no tenga traducción institucional inmediata.

La presentación del manifiesto abre un proceso cuyo desarrollo dependerá, en buena medida, de la respuesta que obtenga por parte de los responsables educativos de las islas y del debate que sea capaz de generar en los propios centros escolares, donde los efectos de cualquier política se sienten antes que en ningún otro lugar.