Candelaria pone lupa a sus casi 650 pisos turísticos para comprobar su legalidad

El ayuntamiento de Candelaria ha anunciado que vigilará la legalidad de sus casi 650 viviendas vacacionales, un parque de alojamientos turísticos privados que ha crecido de forma notable en el municipio del sureste de Tenerife en los últimos años.

Qué implica este control y a quién afecta

La medida pone el foco sobre todos aquellos inmuebles que se ofrecen en plataformas de alquiler a turistas sin cumplir los requisitos legales establecidos por la normativa canaria. En Canarias, las viviendas vacacionales deben estar inscritas en el Registro General Turístico de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y cumplir una serie de condiciones técnicas y administrativas para operar de forma legal.

El consistorio de Candelaria no es el único que afronta esta problemática. Muchos municipios turísticos de Tenerife han visto cómo el número de alojamientos particulares ofertados a través de plataformas digitales se ha multiplicado sin que los servicios de inspección hayan podido seguirles el ritmo. La iniciativa del ayuntamiento supone dar un paso concreto hacia la regularización de un sector que, en muchos casos, compite de manera desleal con los establecimientos hoteleros que sí cuentan con todas las licencias en regla.

Para los propietarios que operan sin los permisos correspondientes, las consecuencias pueden ir desde la obligación de regularizar la situación hasta la imposición de sanciones económicas, según lo previsto en la legislación turística vigente en la comunidad autónoma. La Ley de Turismo de Canarias establece un régimen sancionador específico para quienes ejerzan la actividad sin la inscripción preceptiva o incumplan las condiciones mínimas exigidas.

El contexto del alquiler vacacional en Canarias

Candelaria es un municipio con una identidad turística particular. La Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, patrona del archipiélago, atrae cada año a miles de visitantes y peregrinos, lo que ha favorecido el desarrollo de una oferta de alojamiento privado orientada tanto al turismo religioso como al de sol y playa, gracias a su frente costero.

El auge del alquiler vacacional ha generado un debate en toda Canarias sobre sus efectos en el mercado residencial. Cuando un inmueble se destina al alquiler turístico, deja de estar disponible para el arrendamiento habitual, lo que presiona al alza los precios de la vivienda en los municipios más demandados. Este fenómeno ha llevado a distintas administraciones a reforzar los controles y a exigir un cumplimiento más estricto de los requisitos legales.

El Gobierno de Canarias ha impulsado en los últimos años herramientas para que los ayuntamientos puedan cruzar los datos del registro turístico con la oferta publicada en plataformas digitales, facilitando así la detección de inmuebles que operan sin licencia. La colaboración entre la administración autonómica y los consistorios locales resulta clave para que estos procesos de vigilancia sean efectivos.

Para los propietarios de viviendas vacacionales en Candelaria, el anuncio supone una señal clara: conviene revisar que la inscripción en el registro turístico esté en regla, que el inmueble cumple los requisitos técnicos exigidos y que la actividad se desarrolla conforme a la normativa. Quienes tengan dudas sobre su situación administrativa pueden consultar la sede electrónica del Gobierno de Canarias o dirigirse directamente al área de urbanismo y licencias del ayuntamiento de Candelaria para recibir orientación antes de que comience la inspección.

El número de casi 650 viviendas vacacionales convierte a Candelaria en uno de los municipios con mayor densidad de este tipo de alojamientos en la comarca del sureste de Tenerife. La puesta en marcha del plan de vigilancia determinará cuántas de ellas operan dentro de la legalidad y cuántas deberán regularizar su situación.