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viernes, 12 de junio de 2026 · 11:57 · Santa Cruz de Tenerife
Tribunales

Un juzgado obliga a Belarra a pagar 9.000 € por tachar de corrupto a García-Castellón

El Juzgado de Primera Instancia 45 de Madrid falla que los tuits de la secretaria general de Podemos lesionaron el honor del exjuez jubilado, quien había reclamado 350.000 euros.

Un grupo de personas sonriendo.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, en una comparecencia ante los medios en el Congreso de los Diputados.

El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid ha condenado a la secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra a pagar 9.000 euros al exjuez jubilado Manuel García-Castellón por haberle llamado «corrupto» y prevaricador en publicaciones realizadas en la red social X en 2024. La sentencia estima que esas palabras causaron al exmagistrado un daño moral que debe ser reparado económicamente, aunque la cifra fijada por el tribunal queda muy lejos de los 350.000 euros que el demandante había reclamado.

La resolución judicial parte de un tuit que Belarra publicó con motivo de la aparición en el Boletín Oficial del Estado de la jubilación de García-Castellón. En ese texto, la dirigente de Podemos escribió: «Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, éste y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas, sin sanción alguna, gracias al PSOE. Vergüenza». El juzgado considera que esas expresiones «excedieron el umbral de protección de la libertad de expresión» y constituyeron una descalificación profesional sin base fáctica.

La sentencia: daño moral y obligación de publicar el fallo

Además de la indemnización económica, el fallo impone a Belarra la obligación de difundir el contenido de la sentencia en su perfil de X, la misma plataforma en la que se produjeron las publicaciones consideradas lesivas para el honor del exjuez. El tribunal podrá exigir que la difusión se realice en otro medio de características similares si la primera vía no fuera posible.

El magistrado que firma la resolución argumenta que los calificativos empleados por Belarra no se pueden amparar en el ejercicio legítimo de la crítica política, ya que suponen «un ataque directo y personal a la integridad y reputación» del exjuez. Según el fallo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha establecido que la libertad de expresión, aunque goza de una protección amplia, no es ilimitada cuando afecta al honor de personas concretas e identificadas.

García-Castellón, por su parte, había argumentado en su demanda que las expresiones de Belarra carecían «de un interés general legítimo» y resultaban «ultrajantes y ofensivas». Al presentar la demanda, reclamó ser indemnizado con 350.000 euros o la cantidad que el juzgado tuviera a bien fijar, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión y la amplia difusión de las publicaciones en redes sociales.

«Me condenan a pagarle 9.000 euros a García-Castellón, el juez que se va a Cartagena de Indias con los corruptos de Plus Ultra, que ha protegido a los corruptos del PP y le ha hecho la guerra sucia judicial a Podemos. Nos perseguirán, pero no conseguirán que nos callemos.»

Ione Belarra·Secretaria general de Podemos y diputada

El recorrido procesal: del Supremo al juzgado de primera instancia

El caso tuvo un recorrido procesal singular antes de llegar al Juzgado de Primera Instancia 45 de Madrid. García-Castellón presentó en un primer momento su demanda ante el Tribunal Supremo, al considerar que Belarra, en su condición de diputada, está aforada ante el Alto Tribunal. Sin embargo, la Sala de lo Civil del Supremo determinó que no era el órgano competente para conocer el asunto, porque las palabras que Belarra publicó en redes sociales no fueron pronunciadas «en el ejercicio de su cargo», sino a título particular.

Esa decisión procesal rebajó el nivel de protección jurisdiccional que inicialmente reclamaba el exjuez y derivó el caso a la vía civil ordinaria. Es en ese marco donde el juzgado madrileño ha dictado ahora su fallo, fijando una indemnización que representa menos del tres por ciento de lo que García-Castellón solicitaba en su demanda original.

Belarra, durante el proceso, defendió públicamente que los calificativos que empleó son propios del ejercicio de su condición de diputada y del debate político legítimo. «Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción con o sin condena», sostuvo en su momento. Tras conocerse la sentencia, la dirigente de Podemos reaccionó en la misma red social X reiterando las críticas al exjuez y asegurando que la condena no silenciará a su partido.

El caso pone de relieve la tensión jurídica entre la libertad de expresión de los representantes políticos en el entorno digital y el derecho al honor de las personas que ejercen o han ejercido funciones jurisdiccionales. Los tribunales españoles han tenido que delimitar en los últimos años con mayor precisión hasta dónde llega la crítica legítima cuando se vierte en redes sociales de alcance masivo y se dirige de forma nominal contra personas identificadas con nombre y apellidos.

La sentencia aún puede ser recurrida ante instancias superiores. Belarra no ha anunciado de forma explícita si interpondrá recurso, aunque su reacción inmediata en X sugiere una postura combativa ante el fallo. García-Castellón, que ejerció como instructor de la Audiencia Nacional antes de jubilarse, ha visto así reconocido su derecho al honor por parte del juzgado, aunque por una cuantía muy inferior a la que reclamaba.

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