Blas Acosta, a juicio oral por prevaricación urbanística y tendrá que dimitir como viceconsejero de Economía

El Juzgado Nº2 de Puerto del Rosario (Fuerteventura) ha abierto juicio oral contra el viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, por el caso ‘La Pared’, que investiga una supuesta prevaricación urbanística en 2010, en su época en el Ayuntamiento de Pájara.

Junto a Acosta también irán a juicio la diputada del PSOE, Rosa Bella Cabrera; el exalcalde del municipio Rafael Perdomo, y los miembros de la junta de gobierno Ramón Cabrera, Jesús Manuel Umpiérrez y Antonio Jiménez.

Todos ellos estaban en 2010 en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Pájara que otorgó una licencia urbanística en la zona de La Pared. El caso ha prosperado a partir de la denuncia de un vecino.

El Juzgado ha dado un plazo de 24 horas a Acosta y Rosa Bella Cabrera para presentar una fianza de 70.000 euros con el objetivo de asegurar las responsabilidades que pudieran serles impuestas; fianza que es de 40.000 euros para Rafael Perdomo; de 25.000 euros para Ramón Cabrera y Antonio Jiménez; y de 20.000 euros para Jesús Manuel Umpiérrez.

En este procedimiento, la Fiscalía ya ha solicitado para Blas Acosta, y para el resto de miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pájara en enero de 2010, una condena de tres años de prisión y nueve años de inhabilitación para el desempeño de cualquier empleo o cargo público.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se resalta que los seis acusados, entre los que también se encuentra Rosa Bella Cabrera, diputada del PSOE en el Parlamento de Canarias, otorgaron una licencia en La Pared «a sabiendas de que no se habían cumplido las condiciones» y de contar con informes desfavorables.

Contra el auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.

Tanto Acosta (que fue presidente del Cabildo de Fuerteventura hasta febrero pasado) como la diputada socialista, principales implicados en este caso, deberán renunciar a sus cargos si dan cumplimiento a las normas internas del PSOE que obligan a la renuncia de cargos públicos a los afiliados que sean sometidos a un juicio oral.

Te puede interesar