El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, ha confirmado este viernes en comisión plenaria que la corporación va a gastar 605.000 euros en la promoción del Circuito del Motor que se pretende construir en Granadilla con una inversión superior a los 51 millones de euros a pesar de que Canarias esta a la cola de España en sanidad, pobreza o desempleo.
Después de décadas de planificación y retrasos, el Cabildo de Tenerife ha impulsado de una manera exagerada por diferentes intereses, esta obra que cuenta con una inversión plurianual de 50 millones de euros hasta el año 2025. En mayo, el pleno de la corporación aprobó una modificación de crédito para incorporar 5,1 millones del remanente de tesorería al presupuesto de 2022 y comenzar las obras del circuito. La decisión fue apoyada por el PSOE, Ciudadanos, Coalición Canaria y el Partido Popular, y solo encontró el rechazo de Sí Podemos.
“No solo va a traer problemas medioambientales, sino también sociales para la gente que vive alrededor y estará sufriendo continuamente el ruido de este circuito si al final se hace”, advierte Adrián Flores, ambientólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas. La contaminación acústica también puede ser perjudicial para muchas especies de aves, en especial para sus hábitos de alimentación y de cría.
La consejera nacionalista Verónica Meseguer ha indicado que su grupo va a solicitar toda a documentación oficial dado que en diferentes medios de comunicación Arriaga hablaba de 200.000 euros y el presidente, Pedro Martín, de unos 300.000 euros.
En un informe de Cáritas, se ha desvelado que ya hay un total de 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema en la isla de Tenerife, lo que supone casi mil personas más que en 2020 (1.783 personas), siendo en un 42,8% de los casos (1.173 personas) consecuencia directa de la crisis socioeconómica y sanitaria producida por la covid-19. El número de personas sin casa en Tenerife crece de manera preocupante sin que el Cabildo de Tenerife destine recursos para arreglar este problema.
Entre los principales datos del estudio destaca el hecho de que de las 2.738 personas en situación de exclusión residencial extrema, un total de 1.107 son personas sin techo que pernoctan en espacios públicos a la intemperie; 238 hacen uso de albergues o centros de alojamiento nocturno; 420 residen en un alojamiento convencional, pero que no es el habitual debido a la pérdida de su vivienda; 433 viven en estructuras temporales y no convencionales (chabolas, cuevas, etcétera) y autoconstrucciones eventuales que no cumplen criterios de habitabilidad, y 241 viven en alojamientos impropios, tipo edificios ocupados.
