Cabildo de Tenerife remitirá un informe al Gobierno pidiendo excepciones a ley de residuos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que remitirá un informe técnico al Gobierno de España con el objetivo de modificar la ley de residuos, que es una transposición de la Unión Europea, e incorporar así excepciones que tengan en cuenta la realidad insular de Canarias y dé un "trato justo".

Es lo que ha anunciado este miércoles Dávila en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular tras recibir una carta de una representante de la oficina de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quien, en nombre de la mandataria, le expone la existencia de mecanismos en la legislación española para revisar la ley.

"Si bien es cierto que España podría haber incluido en su ley nacional 7/2022 excepciones o mecanismos de modulación para territorios insulares, la transposición llevada a cabo de la Directiva 2008/98/CE entra dentro de los márgenes razonables de los que los Estados Miembros disponen para transponer legislación comunitaria", asevera la oficina de von der Leyen.

El Cabildo de Tenerife ha considerado que el denominado como "basurazo" podría multiplicar por dos o incluso por tres el recibo de la basura para miles de hogares en Canarias, de modo que, tras la comunicación con la Comisión Europea, "trasladará de inmediato al Ejecutivo estatal la necesidad de introducir bonificaciones, modulaciones o medidas específicas que eviten un trato injusto y económicamente insostenible para los vecinos y vecinas de las islas".

Para Dávila, el Gobierno de España "no tuvo la más mínima consideración con las singularidades de Canarias".

El documento de la Comisión Europea responde a una solicitud formal elevada por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, tras ser aprobada por el pleno insular el pasado 28 de abril.

La propuesta exigía que el Estado corrigiera la ley para ajustarla a la realidad geográfica, logística y económica de los territorios insulares.

"La gestión de residuos en islas como Tenerife es más compleja y costosa que en territorios peninsulares, debido a la escasez de suelo, la falta de alternativas técnicas y los elevados costes de transporte y tratamiento", se exponía.

En la carta enviada el pasado 14 de julio, la oficina de la presidenta de la Comisión propone como "fuente de inspiración para proponer medidas correctoras" el anexo IVa de la Directiva 2008/98/CE.

Para el Cabildo, si la ley de residuos se aplicase como está redactada, "supondría un impacto desproporcionado sobre los hogares, el comercio local y los ayuntamientos".

"Tenerife no va a aceptar una tasa que ignora sus dificultades y encarece aún más la vida en las islas. Es una tasa que no distingue entre un municipio de la Península con acceso a grandes infraestructuras y una isla como Tenerife, que tiene limitaciones estructurales y logísticas importantes", detalla el Cabildo.

Ha agregado la institución insular que no está en contra de que se pague por contaminar, pero sí de que se haga sin sensibilidad territorial ni proporcionalidad.