El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado este miércoles "la tranquilidad" que aportan a la acción de gobierno los dictámenes previos de fiscalización del Consejo Consultivo de la comunidad autónoma.
En la presentación del balance de actividad del Consultivo en 2024, Clavijo ha indicado que los miembros del ejecutivo no gozan de esa "lejanía" que sí tienen los miembros de este órgano asesor para analizar, "incluso de una manera más objetiva", las normas que impulsan, y que a veces les hacen "ver cosas que no vemos visto".
Clavijo ha loado la "actividad ingente" del Consejo Consultivo de Canarias, que fortalece "la seguridad jurídica" y vela por el cumplimiento del Estatuto de Autonomía, y cuyo "bagaje histórico" se caracteriza por permanecer "ajeno a batallas políticas".
Lo cual, ha proseguido, lo convierte en un órgano "respetado, valorado y atendido", como refleja el dato aportado por su presidente, Carlos Millán: el 90% de los asuntos que trata son resueltos conforme a los dictámenes que emite.
Millán ha repasado la actividad del Consejo Consultivo de Canarias en 2024, cuando tramitó 896 solicitudes de expedientes, incluidos 92 pendientes del ejercicio anterior, de los cuales 761 concluyeron con dictamen.
Entre esos dictámenes figura el del anteproyecto de ley de regulación de la vivienda vacacional, sobre el cual el presidente del Consultivo ha indicado en declaraciones a los medios que se trata de "una materia bastante compleja".
Ha añadido que esta ley "está informada" y está en estos momentos en la tramitación parlamentaria, donde los diputados "deberán determinar la conveniencia de la regulación que consideren más conforme a los intereses de Canarias".
Carlos Millán ha destacado que el volumen de actividad del Consejo Consultivo de Canarias es "único" en comparación con los órganos asesores de otras comunidades autónomas y similar al del Consejo de Estado.
La razón, ha explicado, es que analiza todas las iniciativas legislativas del Parlamento, no solo las del gobierno autonómico; además de las enmiendas a la totalidad, peticiones de la Mesa de la Cámara o conflictos de competencia.
Carlos Millán ha aprovechado la ocasión para recordar que los decretos ley están para legislar en situaciones de extrema y urgente necesidad, si bien se ha convertido en "una forma habitual de legislar".
En 2024, este órgano emitió dictámenes sobre 9 decretos ley y dos proyectos de ley del Gobierno de Canarias; además de tres proposiciones no de ley del Parlamento; un conflicto de competencia, tres convenios de colaboración y 13 proyectos de reglamento.
También ha denunciado el mal uso por parte del conjunto de las administraciones del recurso de oficio de actos nulos de pleno derecho, pues acaba "distorsionando" la finalidad de los mismos.
El año pasado se pronunció sobre 42 contratos administrativos, tres recursos extraordinarios de revisión, 318 revisiones de oficio, 367 indemnizaciones por daños; además de 136 cuestiones relacionadas con el servicio público sanitario y otras 136 del viario y de carreteras.
