La Palma incumple su propio compromiso: un millón sin licitar para empresas sociales en 2026

El Cabildo de La Palma no ha licitado ningún contrato reservado a empresas sociales en lo que va de 2026, a pesar de que su presupuesto prevé destinar más de un millón de euros a este fin.

Base 30.ª 30.ª de las Bases de Ejecución del presupuesto insular establece que el Cabildo debe reservar el 0,5% de sus 208 millones de euros anuales, algo más de un millón, a licitaciones exclusivas para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social. Sin embargo, según las organizaciones, no se ha publicado ninguna licitación de este tipo en 2026, mientras que los ayuntamientos de la isla sí han sacado tres.

Tres empresas sociales palmeras esperan contratos sin licitar

Red Anagos y EAPN Canarias subrayan que La Palma cuenta con al menos tres empresas sociales capaces de asumir estos contratos: Isonorte Empleo, una empresa de inserción laboral; Destiladera y Laborsord, ambos centros especiales de empleo de iniciativa social. Estas entidades, con sede en la isla, podrían generar empleo para cientos de personas en riesgo de exclusión si el Cabildo cumpliera con su compromiso.

Canarias 2026, que revela que la comunidad autónoma frena cuatro años de avances y mantiene una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 31,2%, la cuarta más alta del país.

La reserva de contratos para empresas sociales no implica un aumento del gasto público, ya que se aplica sobre servicios que las administraciones ya contratan, como limpieza, jardinería o mantenimiento. Según el Observatorio de Contratación Pública Responsable, esta medida no equivale a una adjudicación directa: la competencia se mantiene entre empresas que reinvierten sus beneficios en crear empleo para personas con discapacidad o en situación de exclusión.

Canarias asigna 2,7 millones por consejería a empresas sociales

Para garantizar la aplicación de la reserva, el Observatorio propone al Cabildo de La Palma que siga el modelo del Gobierno de Canarias, que en julio de 2026 publicó en el Boletín Oficial de Canarias un acuerdo fijando una reserva mínima de 2,7 millones de euros para 2027 en el sector público autonómico. En lugar de un porcentaje genérico, el acuerdo establece una cuantía concreta para cada consejería, lo que facilita la planificación y el seguimiento.

«Aplicado a La Palma, este modelo permitiría asignar un objetivo a cada consejería y publicar con antelación qué contratos se van a reservar. Para una empresa social, conocer con tiempo las licitaciones previstas es casi tan importante como el propio contrato, porque le permite organizar su plantilla y planificar la inversión», destacó el Observatorio.