“La nueva Ley de Residuos y Suelos contaminados para una economía circular, de 8 de abril de 2022, abre una nueva perspectiva frente a la gestión de los residuos, imponiendo tasas a aquellos productores de residuos que no los separen o los traten en origen antes de trasladarlos al Complejo Ambiental, y atendiendo a ese principio de quien contamina paga”, ha indicado el consejero de Desarrollo sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez.
De esta manera, y a partir de este nuevo texto normativo, se establecen dos tramos de tasas y se prohíbe y sanciona duramente el vertido de cualquier residuo fuera de los complejos ambientales. Estas nuevas tasas gravarán con 40 euros por tonelada a aquellos productores de residuos que viertan en el Complejo Ambiental material sin tratar, mientras que los que han procesado sus residuos solo tendrán que pagar 30 euros por tonelada.
Así, la Ley indica que en los próximos tres años los ayuntamientos deberán establecer nuevas tasas por generación de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluyendo el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación.
Es por ello, que desde el Cabildo se trabaja en facilitar y abrir el camino a un nuevo modelo de gestión de los residuos en el que se persiga “una transformación que, además, generará nuevos empleos y oportunidades de negocio. La legislación vigente sobre residuos debe aplicarse al detalle, y hacen falta medidas adicionales para sectores clave, como el textil, los plásticos, el embalaje y la electrónica, es decir, debemos abrirnos, a la industria de los residuos. Los primeros pasos ya se consolidan en el Complejo Ambiental de Tenerife: las plantas de recuperación de Residuos Eléctricos y Electrónicos, la recuperación de plástico film, la planta de envases, la de bioestabilizado, así como los puntos limpios y su gestión y la remisión de algunas fracciones
a gestores autorizados”, apuntó Rodríguez Medina.
“Este nuevo horizonte, que se verá complementado con incentivos y pagos por generación de residuos obliga, entrando el componente económico a cumplir con los procesos de separación antes de llegar a los vertederos, todo con la intención de aliviar la carga de residuos que se entierran”, afirmó el consejero.
Con ello se pretende llegar a un horizonte ideal de economía circular, a través del cual los residuos se conviertan en nuevos recursos, y esta nueva normativa presiona a partir del principio de “quien contamina paga”. La nueva normativa atiende a la jerarquía de residuos en la que el sistema tradicional de vertido en celda es el último y menos deseable de los estadios.