El Consejo de Gobierno acordó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, pronunciarse a favor del proyecto de Ley de Economía Social de Canarias y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes de su debate político y aprobación definitiva en el Parlamento autonómico.
Elevado a consideración del Gobierno por la consejera Elena Máñez, el expediente tramitado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva sobre el fomento y ordenación de la economía social por mandato correspondiente del Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2015, en el marco específico, además, de la recuperación del tejido productivo de Canarias a través del Plan Reactiva.
Tras la aprobación del anteproyecto el pasado agosto, la primera norma sobre economía social del Archipiélago incorpora ahora más de medio centenar de las observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la administración autonómica, recabadas durante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos. En Canarias existen actualmente 670 empresas de economía social, entre las que hay 13 empresas de inserción laboral, 204 sociedades laborales, 222 cooperativas y 231 centros especiales de empleo. En total, todas ellas generan casi 6.000 puestos de trabajo.
Impulso de un nuevo modelo
Además de dotar al sector de una regulación propia, en sintonía con la realidad autonómica, y de fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica, la futura Ley de Economía Social de Canarias se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado y pretende tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para dinamizar el autoempleo y el emprendimiento en las Islas, con las personas como protagonistas. Estructurado en cinco capítulos, el proyecto de Ley de Economía Social de Canarias está compuesto por veinte artículos, además de una disposición adicional, otra derogatoria y dos finales.
