El Diputado del Común, Rafael Yanes, que entregó esta mañana al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el Informe Anual de esta institución correspondiente a 2020, fue muy duro al exponer la «deficiente» gestión administrativa de la dependencia en Canarias, el asunto que, por tercer año consecutivo, es el que más expedientes de queja genera ante esta institución.

«Hace tres años la Consejería de Derechos Sociales tardaba 500 días en resolver una solicitud de dependencia, un expediente que, por Ley, debe contar con una respuesta al ciudadano en 180 días. El año pasado se alcanzaron los 785 días», dijo Rafael Yanes», lo más grave es que, lejos de resolverse esta situación, este año aporto datos que demuestran que se tardan 927 días en resolver los expedientes en esta materia».

Rafael Yanes expuso varios ejemplos de otras comunidades con similares datos de habitantes «que gestionan la dependencia mucho mejor porque cuentan con personal para hacerlo, mientras la dotación de Canarias es muy baja». En este sentido señaló que Castilla y León, con la misma población del Archipiélago, tarda algo más de 180 días en resolver los expedientes de Dependencia, «pero cuentan con 800 valoradores mientras Canarias sólo tiene 64 en todas Las Islas».

Tras señalar que Canarias está a la cola en esta materia «porque los empleados públicos aquí están resolviendo solicitudes de 2015 y 2016 cuando, si se cumpliera la Ley, tendrían que estar trabajando en las peticiones presentadas por los ciudadanos en enero de este año», Rafael Yanes indicó que en el último año se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la Administración canaria para contratar personal en Sanidad y Educación, «pero también es muy urgente que se normalice la situación de la dependencia, normalidad que sólo llegará con la contratación de más valoradores».

El Diputado del Común valoró que Canarias necesita «multiplicar por cinco» su personal de dependencia, un mínimo de 320 valoradores más. y agregó que «hasta que este hecho no se produzca, no veremos mejorar nuestro servicio de dependencia».

Yanes, que recordó a los periodistas que el informe del Diputado del Común es «imparcial, riguroso y serio», Sobre el documento presentado esta mañana en el Parlamento de Canarias
comentó que se trata de un texto marcado por la pandemia del coronavirus y por el confinamiento del pasado año. En este sentido, aseguró que las circunstancias especiales de 2020 provocaron una disminución en la presentación de quejas porque «en un momento en el que morían 900 personas diarias, las inquietudes de los ciudadanos por los problemas medioambientales o de política territorial pasaron a un segundo plano».

El Diputado del Común explicó que este año la estructura del Informe cuenta con dos novedades, cuenta con un capítulo específico que estudia el impacto de la covid-19 en cada una de las 28 áreas de gestión de la institución y, por primera vez, se recoge un informe insularizado sobre las quejas de las ocho islas. Esta iniciativa se ha realizado en respuesta a la solicitud en este sentido formulada el pasado año por el Parlamento de Canarias.

Rafael Yanes señaló que desde su llegada al cargo, hace tres años, «han aumentado un 60% el número de expedientes gestionados por la Institución, pasando de 1.795 en 2017 a 2.904 en 2020. En esta línea destacó que el área que más crece con respecto a 2019 fue el correspondiente a Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), donde las quejas suben un 419%, quizás por el mayor uso de internet como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

Sobre la brecha digital, Yanes recordó que el acceso a Internet es un servicio social básico para aspectos que se han instalado en la vida diaria de los canarios como el teletrabajo, la enseñanza o las gestiones que el ciudadano tiene que hacer ante la Administración. Sobre este asunto, señaló que la mayoría de las quejas se refieren a peticiones de banda ancha y fibra óptica, sobr3e todo en zonas alejadas donde no es rentable la instalación de estas tecnologías y deben ser subvencionadas por la Administración.

El Diputado del Común también habló sobre la disminución de quejas en materia de Vivienda, disminuyó, sobre todo en lo relativo a desahucios, como consedcdu3encia de la paralización de los plazos judiciales. Sin embargo, llamó la atención sobre la finalización del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, «que llevará al reinicio de estos procedimientos».

Rafael Yanes aseguró que en 2020 «no hubo que firmar ninguna declaración de obstruccionismo«, aunque sí realizó 131 recordatorios del deber legal de responder y 145 advertencias de declaración de obstruccionismo.

El Diputado del Común se mostró satisfecho por los resultados favorables de las gestiones realizadas por esa institución, más de un 70%, incluyendo los favorables para la ciudadanía y los reconocidos por parte de las administraciones públicas, una vez descontados los trasladados al Defensor del Pueblo y también los expedientes inadmitidos.