El Gobierno de Canarias se retractó esta mañana a la hora de firmar un acuerdo para acabar con el “abuso de temporalidad”, tal y como había adelantado esta misma semana el Consejero de Administraciones Públicas y Justicia, Julio Pérez. Ante esta situación, los empleados públicos de Canarias en situación de temporalidad han exigido al Gobierno regional explicaciones sobre la suspensión de esta firma y han expresado su intención de mantener las movilizaciones.

El representante de Intersindical Canaria (IC) para los empleados públicos de la Comunidad Autónoma, Rafael Rodríguez, ha indicado que este acuerdo afecta a 4.000 trabajadores públicos de la Administración autonómica.

Rodríguez señaló que “si el Gobierno de Canarias hace esto con sus trabajadores, que no incumplirá con en el sector privado”. En este sentido, añadió que “actuaciones como ésta nos permiten conocer quien está gobernando en Las Islas”.

Este sindicato considera que los motivos de la suspensión de la firma pudieran responder a presiones. La Consejería de Administraciones Públicas desconvocó esta misma mañana la esperada firma y anunció que la rueda de prensa se convertiría en una nueva reunión de trabajo que “seguirá analizando los aspectos necesarios para alcanzar un acuerdo que atienda todos los aspectos de un proceso de esta importancia” y que en los próximos días se informará de una nueva fecha de firma.

Sindicalistas presentes en esta reunión señalaron que el Ejecutivo canario justificó la suspensión de la firma en una petición expresa del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España, que lidera el socialista Miquel Iceta, para estudiar en profundidad ese principio de acuerdo antes de su firma.

El acuerdo entre ambas partes se consiguió después de varios meses de negociaciones que llevaron a un texto que instaba a “identificar y catalogar” a los trabajadores que se encuentren en una situación de abuso de temporalidad para, posteriormente, “establecer mecanismos necesarios para su permanencia” hasta la jubilación o la renuncia al puesto. El acuerdo contempla también la creación de dos grupos técnicos de trabajo “cuyas propuestas serán llevadas a las reuniones entre el Comité de Huelga y la administración para su aprobación”. Uno se encargaría de identificar a los empleados públicos en situación de fraude de ley y el otro, de estudiar las medidas administrativas y jurídicas para garantizar su continuidad.

Los interinos del Gobierno de Canarias llevan meses exigiendo el cumplimiento de la directiva comunitaria 1999/70/CE y la sentencia de 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que instan a las administraciones públicas a prevenir y sancionar el abuso de la contratación temporal sucesiva, en fraude de ley. Un informe firmado por María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, plantea la posibilidad de convertir en personal fijo “a extinguir” a los empleados que se encuentren en esa situación. Esas plazas desaparecerían cuando los trabajadores se jubilaran o renunciaran al puesto. Este informe fue ampliamente debatido esta semana en la sesión del Pleno del Parlamento y casi todos los grupos expresaron su conformidad, incluido el consejero Julio Pérez

Rodríguez ha señalado que las concentraciones se mantienen, indicando que este mismo viernes, “de manera espontánea”, los empleados públicos ya se han manifestado ante la sede de las dos Presidencias del Gobierno de Canarias.

Asimismo, ocho miembros del comité de huelga y de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias han decidido llevar a cabo un encierro en el Edificio de Usos Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria, del que han asegurado en un comunicado que “no piensan salir hasta que se materialice el acuerdo y el Gobierno canario cumpla”.