La vicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, ha descartado ampliar el estado de alarma que finaliza el 9 de mayo y ha asegurado que “en el 99% de las ocasiones los tribunales han ayudado a los ejecutivos” a la hora de aplicar una medida.

Por su parte, Coalición Canaria-PNC mostró hoy su preocupación por la decisión unilateral del Gobierno estatal señaló su preocupación por la incertidumbre que generaría esa decisión en el caso de que se tomara por la falta de “herramientas jurídicas” para que la Comunidad Autónoma pueda seguir tomando medidas para frenar posibles rebrotes de la pandemia. Para los nacionalistas, esta decisión unilateral del gobierno central, que fue anunciada sin consultarla ni comunicarla antes a las comunidades autónomas, parece responder más “a los intereses electoralistas del PSOE de cara a los comicios madrileños del próximo martes y no al interés general”.

De esta forma, el Comité Ejecutivo Nacional, reunido este jueves reprochó “la falta de diálogo sobre una decisión en la que nos jugamos tirar por tierra el esfuerzo titánico de la ciudadanía, de los profesionales sanitarios, del tejido económico, en definitiva, de la sociedad desde que en marzo de 2020 se decretara el primer estado de alarma” y pidió al PSOE “repensar si es la decisión idónea cuando el índice de vacunación aún es muy bajo y desigual, dependiendo de cada comunidad autónoma”.

En este contexto, demandaron al Gobierno del Estado una “alternativa” que dote de esa seguridad jurídica a las decisiones de las comunidades autónomas porque, de lo contrario, podrían ser recurridas, al tiempo que reprocharon su incapacidad para dotar a las Comunidades Autónomas de los instrumentos jurídicos necesarios que no harían necesario el estado de alarma, tal y como se comprometieron.

Asimismo, exigieron al Gobierno de Canarias “un plan de acción y coordinación” para dar respuesta a las situaciones que puedan derivar tras el fin del estado de alarma, para “evitar volver a la casilla de salida”.