El Consejo de Ministros aprobó hoy el proyecto de ley con el primer bloque de medidas de la nueva reforma del sistema público de pensiones, que será enviada al Congreso con la intención de que entren en vigor antes de fin de año.

Las reformas forman parte de los compromisos adquiridos por el Estado con la Comisión Europea en el marco del programa de recepción de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Proyecto de Ley suprime los aspectos más polémicos de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, es decir, el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, cree que la reforma «recupera el consenso y el diálogo social en el marco del Pacto de Toledo» y supone «recuperar el valor de lo público y la tranquilidad de los pensionistas de hoy y de los de mañana».

El contenido de la nueva norma ha sido consensuada por el Gobierno de España con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme, a partir de las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas el pasado otoño por el Congreso.

El documento prevé que el 1 de enero de cada año las pensiones aumenten de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En caso de ser negativa, se ‘congelarían’. Esta regulación incluirá las pensiones de clases pasivas, una novedad del proyecto de ley respecto al anteproyecto aprobado en julio.

Asimismo se adoptan diversas medidas para acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación, a través de cuatro vías: la revisión de la jubilación anticipada tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad, la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa.

Respecto a la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes pasan a ser mensuales para dar más flexibilidad y fomentar el retraso voluntario de la jubilación, con un tratamiento más favorable a las carreras de cotización más largas. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se establecen coeficientes mensuales, en lugar de trimestrales. También se mejoran los coeficientes para casos dos años antes a la edad legal, aplicando a la determinación de la pensión los mismos que en la modalidad voluntaria para aquellos supuestos donde el nuevo coeficiente es más favorable que al vigente.

En el caso del retraso de la jubilación, se exonera la cotización por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad legal y, como medida más destacable, se refuerzan los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora, y a los que también podrán acogerse las clases pasivas: un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión de hasta 12.000 euros, premiando las carreras de cotización más largas, y una combinación de ambas opciones.

Sobre la jubilación forzosa, los convenios colectivos no podrán fijar cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por el trabajador de una edad inferior a 68 años. Este límite se podrá rebajar en algunos sectores, con la condición de que se incremente la participación de la mujer en dichos sectores.

Por último, se establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.