El Parlamento, de acuerdo con el Diputado del Común en la necesidad de aumentar las inspecciones en los centros de mayores - Noticias y actualidad social de Tenerife
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El Parlamento, de acuerdo con el Diputado del Común en la necesidad de aumentar las inspecciones en los centros de mayores

Redacción 14 de septiembre de 2021
Actualizado 2021/09/15 at 10:13 PM

Todos los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica coincidieron hoy con el Diputado del Común, Rafael Yanes, -que finalmente compareció para informar sobre el informe extraordinario relativo a la situación de los centros de mayores en Canarias- sobre la necesidad de ampliar el cuerpo de inspectores de centros de mayores de Canarias, conformado por cinco personas.

El Diputado del Común indicó que Canarias tiene un inspector por cada 46 centros cuando en otras comunidades autónomas, como Murcia, Cantabria o La Rioja, hay un inspector por cada cinco o siete centros.

Yanes destacó que, a pesar del retraso de diez meses en el debate de este informe, el momento es oportuno «porque permitirá que el Gobierno y el Parlamento hagan una «reflexión» de cara a la negociación de los presupuestos autonómicos para 2022.

Yanes recordó que el informe de su departamento evalúa 25 centros de los 232 del archipiélago -en los que dejaron entrar a su adjunta- y añadió que «es inaceptable que se hayan detectado chinches, roedores o cucarachas. «Es una minoría», dijo el Diputado del Común, «pero hay que evitar que situaciones como esa vuelvan a repetirse».




Tanto en su comparecencia como en una rueda de prensa posterior a la misma, Rafael Yanes insistió en que el informe «no va contra nadie sino en favor de las personas» y recalcó que se trata de un trabajo «riguroso e independiente». También insistió en que la elaboración del informe se enmarca en la labor de «supervisión» de las administraciones públicas que tiene su institución y señaló que por «lealtad» debía entregarlo al Parlamento.

El Diputado del Común desveló que algunos de los centros visitados no habían tenido inspecciones por parte de la Consejería de Derechos Sociales en los últimos años, y entre algunos de estos, en una residencia de 50 plazas residenciales y 20 de atención diurna se había recibido, en el momento de la visita, tan solo una inspección en los últimos cinco años; en un centro de 112 plazas y en otro de 37 solamente una inspección en los últimos diez años; y en un centro de 50 plazas residenciales y 20 como centro de día, no habían tenido ninguna inspección en los últimos cinco años.

Asimismo, aseguró que en los nueve meses transcurridos de 2021 se han realizado sólo 33 inspecciones desde la Consejería de Derechos Sociales. Por tanto, para visitar las 232 residencias de Canarias serían necesarios 56 meses, más de cuatro años.

Grupos parlamentarios

Tras la presentación del estudio, intervinieron los grupos del parlamento empezando por la portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, quien señaló que el informe refleja una «situación lamentable» de los mayores de las islas aunque afecte a una «minoría» de centros.

Espino pidió la dimisión y criticó la actitud de la presidenta de la Comisión, María del Río (Sí Podemos), por no incluir el informe en el orden del día en los diez meses transcurridos desde el registro de entrada en la sede parlamentaria, «más aún cuando no es una novata porque lleva seis años como diputada».

Melodie Mendoza, portavoz de la Agrupación Socialistas Gomeros, (ASG) aseguró que el informe ha puesto a los grupos «en alerta» sobre la situación de los centros pero ha lamentado que la Consejería solo tenga cinco inspectores -había dos al comienzos de la legislatura– y va a llegar a 11. «Sigue siendo insuficiente», ha destacado.

María del Río, presidenta de la comisión, que habló en nombre de su organización, Sí Podemos, pidió disculpas por la demora en el debate del informe y aseguró que el mismo ha «sonrojado» a los diputados por la situación de algunas residencias.

Del Río cree que hay que «cambiar el modelo» de macrocentros que son «aparcamientos» de personas mayores y gestionados por empresas «sin escrúpulos», reclamando propuestas «valientes» para mejorar los cuidados y sin desatender el día a día en las residencias actuales.

Campos, de Nueva Canarias también se mostró favorable a implantar un sistema de inspección adecuado. Mientras, Hipólito Suárez, del Grupo Popular, señaló que las deficiencias en algunas residencias son «lamentables» y en todo caso, «sonrojan» a todos los grupos y partidos políticos, más allá de quien tenga la gestión. En su opinión, el informe es una «llamada de atención» sobre la «ignominia» que sufren los mayores, y espera que a partir de ahora se garantice que la atención sea digna en todos los centros».

Cristina Valido, del Grupo Nacionalista, criticó la «provocación» de los grupos por acusar a su partido de la situación de las residencias, subrayando que la mayoría «están bien» y que la buena gestión de la pandemia también se debe a la «herencia».

Valido preguntó si la Fiscalía y el Servicio Canario de Salud cuentan con el informe y relató que pese a haber menos inspectores en la pasada Legislatura, se cerraron ocho centros. «Me alegro de que ahora haya más y presentamos una iniciativa para que se puedan incrementar», ha destacado.

Para cerrar, Teresa Cruz (PSOE) dijo que el informe revela algo que se ha ido «gestando» en los últimos años con una política de «guardar mayores». Asimismo, aseguró que mejorar la calidad de vida de los mayores no responde a una «solución mágica» pero sí ha exigido más registros, inspecciones y sanciones porque las empresas privadas son «impunes».

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