El Parlamento de Canarias acogió la celebración de una intensa jornada de estudio sobre el mandato estatutario de aprobar una ley electoral antes de noviembre de este año. Las posibilidades de la norma, las fortalezas y debilidades del sistema estrenado en las elecciones de mayo de 2019, las opciones de flexibilizar el plazo de aprobación por la incidencia de la pandemia o el valor real del voto fueron algunos de los aspectos abordados durante el encuentro.
En su intervención, Gustavo Matos recordó que estas jornadas son fruto de un acuerdo de los grupos parlamentarios representados en la Cámara “como preludio a lo que debe ser la tramitación de una ley electoral que es un mandato del Estatuto de Autonomía aprobado en noviembre de 2018”.
Subrayó que el artículo 39 del Estatuto “no deja lugar a dudas: la iniciativa corresponde estrictamente al Parlamento, que ha de aprobarlo por tres quintas partes”. Remarcó que el compromiso de la Cámara es cumplir esta obligación y aseguró que le consta el compromiso de los grupos para que así sea. “El calendario está diseñado para aprobarlo antes del próximo 6 de noviembre”, indicó.
Tras la apertura, el debate se desarrolló en torno a dos mesas redondas en las que intervinieron Víctor Manuel Cuesta López, doctor europeo en Derecho Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Gerardo Pérez Sánchez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y miembro del foro cívico ‘Demócratas para el cambio’, y José Adrián García Rojas, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de la Universidad de La Laguna.
En la segunda mesa participaron María del Rosario García Mahamut, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Jaume I de Castellón; Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado de las Cortes Generales, y Vicente Mújica Moreno, presidente de la Asociación ‘Demócratas para el cambio’.
Entre las intervenciones de esta jornada de trabajo cabe destacar la de Gerardo Pérez quien afirmó que, aún siendo defensor de la reforma de 2018, “sería un fracaso utilizar de excusa el cumplimiento del plazo para no sacar una ley vanguardista y a la altura de los retos de Canarias”. Explicó que, a su juicio, la reforma estatutaria de 2018 “es un logro, pero no cumplió todas las expectativas a pesar de significar un avance importante que terminó con una eterna transitoriedad que imponía un sistema manifiestamente injusto”.
“Algo se ha mejorado en nuestra calidad democrática; otra cosa es que crea que hay que avanzar más aún. El mandato de hacer una ley electoral es una oportunidad única para seguir avanzando en mejorar nuestra calidad democrática. Para mí sería un fracaso consolidar esa disposición transitoria primera: necesitamos una legislación moderna y potente que responda a todos los retos”, expresó. La “desigualdad” del valor del voto, dijo, “todavía nos debe sonrojar”.
Por su parte, Enrique Arnaldo recalcó que toda reforma debe llevar aparejados el máximo consenso y compromiso de los partidos. Indicó que el plazo contemplado en el Estatuto “es un mandato legislador sin sanciones que no especifica si sus miembros son todos, algunos o quiénes” y, como consecuencia de cuestiones como esta, consideró “muy difícil” consensuar una ley antes de noviembre. “Entiendo que no debe haber prisa, que se deben hacer las cosas bien, con prudencia”.
A la jornada asistieron, entre otros, la secretaria segunda de la Mesa del Parlamento, Luz Reverón, los portavoces parlamentarios Nayra Alemán (PSOE), Ricardo Fernández (Grupo Mixto), José Miguel Barragán (CC), Manuel Marrero (Sí Podemos Canarias), el presidente del Consejo Consultivo de Canarias, Pablo Matos, la consejera secretaria de la Sección Primera del Consejo Consultivo, María Rosa de Haro, y la presidenta del Consejo Social de la ULL, María Dolores Pelayo.
