El Pleno del Parlamento de Canarias ratificó hoy por unanimidad el decreto ley que regula la concesión de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) soportado por empresas titulares de establecimientos turísticos, por importe de 63 millones, y modifica el decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regulan las subvenciones a personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa de la COVID-19.
Está previsto que estas ayudas se gestionen por concurrencia no competitiva, lo que aumenta su agilidad dado que las solicitudes pueden ser atendidas por orden de entrada hasta agotar los recursos destinados a tal fin.
En el caso del IBI, la ayuda prevista podrá cubrir hasta el 100% del importe del impuesto abonado correspondiente al año 2021 y que no esté cubierto por otras fuentes, como seguros u otras medidas de ayuda temporal cubiertas por el marco temporal.
En cuanto a las ayudas para trabajadores en ERTE, y por importe de 30 millones, habrá un pago único de oficio que beneficiará a unas 51.000 familias, y con cantidades que oscilan entre los 1.100 y los 300 euros.
El plazo de presentación de solicitudes, que se realizará exclusivamente de forma electrónica, será de 25 días naturales, para lo que está previsto se inicie el próximo 10 de septiembre y se prolongue hasta el 4 de octubre.
La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ha destacado que la medida ha sido «consensuada» con el sector turístico pese a que se anunció a comienzos de año y trata de ayudar a los alojamientos turísticos de las islas, dado que el decreto beneficiará a entre 2.500 y 3.000 empresas.
Ricardo Fernández, del Grupo Mixto (Cs), ha apuntado que el decreto viene a dar respuesta al «tsunami» que sufre el sector turístico desde que se inició la pandemia, y pese a que llega tarde, permitirá aliviar algunos costes fijos de los establecimientos alojativos.
Ha comentado que la recuperación del turismo es «débil e insuficiente» y no llegará hasta final de año, con lo que hay muchas empresas aún «en riesgo» por falta de liquidez, pidiendo que las empresas puedan acceder a las ayudas aunque no estén al día en los pagos a la Seguridad Social.
Por su parte, Jesús Ramos (ASG) destacó que se pueda ampliar el importe de las ayudas, que permitirán afrontar uno de los costes fijos de los establecimientos (IBI), y espera que su distribución sea «ágil» para que el dinero se transfiera con rapidez.
Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, aseguró que el Gobierno está preocupado por «la liquidez y el empleo» en las empresas, de ahí que impulse este decreto ley para otorgar ayudas temporales a empresas y trabajadores.
En la misma línea se manifestó Esther González (NC) quien puso el énfasis en que el decreto sobre el IBI responde al «compromiso» del Gobierno regional por otorgar «liquidez» a las empresas y ayudar a paliar sus pérdidas derivadas de la crisis sanitaria y la caída de turistas.
Carlos Ester, del Grupo Popular, expresó que, a su juicio, el Ejecutivo tiene «falta de gestión y sensibilidad» con el sector turístico porque anunció las ayudas hace siete meses, al tiempo que ha criticado la falta de un plan de rescate estatal cuando las empresas canarias «están agonizando».
«Sánchez está de vacaciones aquí y nuestras empresas y el turismo le importan un comino«, dijo.
Ester aseguró en que los 63 millones «no llegarán a todos» pues se ha puesto la «zancadilla» de exigir que las empresas estén al día en la Seguridad Social, por lo que muchas pedirán créditos y «volverán a endeudarse» para poder optar a las ayudas.
Asimismo, Rosa Dávila, del Grupo Nacionalista, recriminó que el decreto llegara un año y medio después desde de que empezara la crisis y siete meses más tarde del anuncio del presidente, Ángel Víctor Torres. «Es el decreto del sálvese quien pueda, el que llega primero se lleva la pasta», ha indicado.
Además, ha afeado a la consejera que hayan retirado 15 millones de la partida inicial y subrayado que el Ejecutivo «es un lastre» para la recuperación económica de Canarias debido a la excesiva «burocracia» para conceder las ayudas.
Cerró el debate la portavoz socialista, Rosa Bella Cabrera, quien criticó el «histrionismo y el folclore» del Grupo Nacionalista frente a la «toma de decisiones» del Gobierno de Canarias cuando «el rumbo» lo marca la propia pandemia y no las instituciones.
Ha comentado que las ayudas están acordadas con las patronales turísticas –15 millones se destinaron al bono turístico– y mostrado su deseo de «alejar» al sector del «oportunismo político y la demagogia» que practican los partidos políticos.
