La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anunció hoy el rechazo al recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia de covid. Sin embargo, señala que la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 puede ofrecer cobertura a limitaciones puntuales de derechos de los ciudadanos, siempre que la Administración autonómica justifique razonablemente sus medidas.

El alto tribunal señala específicamente que cuando se trata de limitar derechos fundamentales, «lo primero que es menester precisar es que no necesariamente ha de hacerse por ley orgánica«. Es decir, podría imponerse con una normativa autonómica.

Para el Supremo, dentro de la regulación que puede hacer la ley ordinaria «cabe la imposición de limitaciones puntuales a los derechos fundamentales» y «siendo suficiente para ello la ley ordinaria, esa reserva puede ser satisfecha tanto por la ley del Estado cuanto por las leyes que, dentro de su competencia, dicten las comunidades autónomas».

La sentencia, cuyo fallo fue adelantado el pasado viernes, añade que «sin ninguna duda hubiera sido deseable que, en vez de acudir a conceptos indeterminados y cláusulas generales, pudiéramos acudir a una regulación especifica para afrontar la pandemia«.

Por el contrario, añade, «delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación (…). Y no es una novedad que los tribunales deban extraer del ordenamiento jurídico los criterios para resolver problemas que no han recibido una solución precisa por parte del legislador«.

A juicio del alto tribunal, la legislación sanitaria sí autoriza la limitación de la libertad de circulación siempre que se den las condiciones por ella previstas».

A lo largo de su resolución, el Supremo también apunta, respecto al actual marco normativo, que en torno a esta modalidad procesal se ha suscitado un importante debate que gira esencialmente sobre la conformidad con la Constitución de encomendar a los tribunales de justicia, no la autorización de Intervenciones limitativas de derechos fundamentales sobre personas concretas, sino la ratificación de medidas dirigidas a destinatarios, no identificados individualmente…

En el desarrollo de la sentencia, el alto tribunal establece otras afirmaciones en torno a este tipo de consecuencias, como que las medidas sanitarias aún no ratificadas judicialmente no despliegan efectos, ni son aplicables. Y que si la ratificación judicial es denegada, no es preciso que la Administración acuerde «dejar sin efecto» la Orden o acuerdo sometidos a ella ya que nunca fueron legalmente eficaces, razón por la que rechazó otro de los recursos que ha analizado, referido al cierre perimetral en Montefrío (Granada).

Según el TS el control judicial efectuado en el procedimiento de ratificación ha de contener los siguientes parámetros: comprobación de que la Administración que pide la ratificación es la competente para adoptar las medidas a ratificar; invocar los anteriores preceptos legales u otros que le confieran habilitación; identificar con suficiente claridad el peligro grave para la salud pública derivado de una enfermedad transmisible que es preciso conjurar para preservar el derecho a la salud y a la vida y establecer debidamente la extensión de ese riesgo desde el punto de vista subjetivo, espacial y temporal; además de justificar que no se dispone de otros medios menos agresivos.

También se debe valorar por los Tribunales Superiores de Justicia de las autonomías que los medios propuestos son idóneos y proporcionados a tal fin. Sobre esos presupuestos, si dicha justificación es suficiente y si la limitación pretendida es «efectivamente idónea, necesaria y proporcionada».

Igualmente establece el Supremo que las medidas sometidas a ratificación no pueden ser aplicadas antes de haberlas obtenido, y que la ratificación no suple la imprescindible habilitación legal.

Asimismo, resuelve que la ratificación no impide a los afectados por ellas recurrir las disposiciones o actos que prevean las medidas, ni predetermina la suerte de sus recursos porque el pronunciamiento judicial que conduce a la ratificación se limita al control de los aspectos externos y reglados de la actuación administrativa y al examen preliminar de su proporcionalidad.

El Supremo también señala que el artículo tercero de la Ley Orgánica 3/1986 ha de interpretarse conjuntamente con los artículos 26 de la Ley 14/1986 y 54 de la Ley 33/2011 y, así entendido, autoriza limitaciones puntuales de la libertad de circulación siempre que se cumplan unos requisitos.

En la Sentencia señala que es preciso que se acredite la existencia de una enfermedad transmisible grave que ponga en peligro la salud y la vida de las personas; que se justifique que esa limitación es imprescindible para impedir dicha transmisión por no haber otros medios eficaces para lograrlo; determine en función del número de enfermos y de su localización la extensión subjetiva y territorial de la limitación; y fije fundadamente el tiempo indispensable en que ha de mantenerse la limitación para impedir la difusión de la enfermedad.

En el caso de Canarias, el Supremo no ve razones para corregir el juicio que hizo en su día el TSJC, que no encontró proporcionadas ni justificadas las restricciones y excepciones planteadas. En particular, recuerda el Alto Tribunal, el TSJC valoró «el distinto trato dado a quienes pretendan acceder a Las Islas según dispongan o no de una reserva hotelera».

Se refiere a una excepción que el Gobierno de Canarias introdujo hace meses a los cierres perimetrales, para intentar aliviar al sector turístico: el viajero podía entrar en una isla con cierre perimetral si tenía una reserva hotelera, pero no podía hacerlo, en cambio, si su plan era hospedarse con un familiar.

A este respecto, la Consejería de Sanidad del Gobierno canario ha señalado que esta sentencia corrobora, de hecho, algo que el Ejecutivo ya hizo en febrero de 2020, antes de que España se declarara en estado de alarma, al poner en cuarentena a un hotel completo en el sur de Tenerife con un millar de personas dentro por un brote de covid-19. En ese caso un juez validó su decisión.