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El TSJC suspende la exigencia del certificado Covid, amplía aforos y permite la apertura del ocio nocturno
COVID-19

El TSJC suspende la exigencia del certificado Covid, amplía aforos y permite la apertura del ocio nocturno 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió hoy cautelarmente la medida del Gobierno de Canarias de exigir a los ciudadanos el certificado Covid o una prueba diagnóstica para acceder a establecimientos de hostelería y restauración.

En el mismo auto suspende también el cierre total entre las 00.00 y las 06.00 horas y amplía el límite de aforo en el interior de los establecimientos de hostelería y restauración que ahora queda fijado en un 50% en los niveles 3 y 4 de emergencia sanitaria. La resolución fue emitida como consecuencia del recurso interpuesto por Hostelería Unida Tenerife (HUT) y supone otro duro revés a las aspiraciones del Gobierno de Canarias tras adoptar medidas que pretenden contener el implacable avance de la pandemia en Las Islas.

El tribunal entiende que “ha apreciado una posible lesión de derechos fundamentales en las medidas contra la propagación de la covid” y agrega que los ciudadanos “no tienen obligación de enseñar sus certificados covid porque la vacunación no es obligatoria” y agrega que con la medida adoptada por el Gobierno se habilita a los hosteleros como controladores de la salud pública, pasando a invadir el campo del derecho a la intimidad personal” protegido por la Constitución.

Asimismo, la Sala del TSJC recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha “insistido” en la importancia que para la vida privada poseen los datos de salud, “señalando que el respeto al carácter confidencial de la información sobre la salud constituye un principio esencial del sistema jurídico de todos los Estados”.

El Tribunal ha tomado la decisión al apreciar “un riesgo evidente para los derechos fundamentales y el interés público“. Asimismo, agrega que “la medida es cautelarísima”, y ofrece al Gobierno de Canarias un plazo de tres días hábiles para que haga sus alegaciones respecto al mantenimiento, modificación o revocación de lo acordado. La semana que viene, por tanto, la Sala resolverá si mantiene sus actuales decisiones o las modifica a la vista de los argumentos de los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico.

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