Esperó 20 años en Canarias por una indemnización tras un error médico de diagnóstico


Las autoridades judiciales han recibido este mes de febrero una transferencia de un millón de euros del Servicio Canario de Salud por una sentencia de 1999 que obligaba a este centro de poder a pagar por la hipoxia de un niño al nacer tras un parto de trece horas sin que los médicos se dieran cuenta de la inexistencia de oxígeno.

En ese 1999 hubo dos consejeros de Sanidad del Gobierno de Canarias: Julio Bonis y José Carlos Francisco. Y existió dos presidentes autonómicos. Uno era Manuel Hermoso y otro fue Román Rodríguez, que venía de ser director del Servicio Canario de Salud ese mismo 1999.

En esos 20 años han pasado directores del SCS y de la Consejería de Sanidad de todo pejaje político. Desde CC a PSOE o PP. Ahora el consejero, que se llama José Manuel Baltar, y el director del SCS, Conrado Domínguez, pagan. Ninguno tiene militancia política. El consejero procede de la sanidad privada.

Los abogados de la familia afectada, formada por Agustín Domingo Acosta y Javier Navarro, ha explicado que por esa mala atención que recibió al nacer, el chico padece una parálisis cerebral con un grado de invalidez permanente superior al 85 por ciento. Como señala la sentencia, «cuando todavía no se aplicaba el euro, sino la primitiva peseta».

El caso

En una resolución registrada el pasado 24 de enero, el SCS comunica al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que ha procedido al pago de la indemnización que le impuso a favor de esa familia: 600.000 euros en concepto de principal por los daños ocasionados y 425.658 euros por intereses de demora.

La sanidad pública de la comunidad autónoma toma esa decisión un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) corroborara la sentencia dictada en primera instancia en 2014, que consideró probado que los médicos que atendieron aquel parto en 1999 cometieron un error de diagnóstico grave.

El SCS negaba tal afirmación en sus recursos, pero se ha enfrentado a tres dictámenes favorables a los padres; el primero de ellos, del propio Consejo Consultivo de la comunidad autónoma, que recomendó al Gobierno de Canarias atender la reclamación de la familia afectada, por razones que luego ha avalado la Justicia.

Diagnóstico

Esos dictámenes coincidían en que el niño padeció hipoxia durante el parto, sin que los médicos que atendían el parto en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria se dieran cuenta de ello y le practicaran una cesárea con urgencia.

Y ello ocurrió, resume el TSJC en su sentencia de diciembre de 2018, «bien por no emplear los medios diagnósticos adecuados, bien por no interpretar correctamente los resultados de los utilizados durante el parto», lo cual supone «un error de diagnóstico grave».

La sentencia del TSJC de diciembre de 2018 considera que lo ocurrido durante el parto convierte a la sanidad pública canaria en responsable patrimonial de los daños neurológicos que sufre el joven afectado, que tienen su «causa directa» en un error médico.

En cuanto a la indemnización concedida, el tribunal la considera «acorde» a las «tremendas consecuencias del caso» y también al tiempo transcurrido desde que la familia presentó su primera reclamación.

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