El Juzgado de lo Penal nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de una denuncia de Unidas Podemos, ha dictado un auto en el que sitúa al exalcade Miguel Zerolo en situación de investigado junto a Pablo Abril Martorell Fernández, ex consejero delegado de Emmasa, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Según la denuncia de Unidas Podemos, ambos acordaron en el Consejo de Administración de Emmasa la devolución ilegal del canon de 59 millones que había pagado Sacyr-Vallehermoso al Ayuntamiento de Santa Cruz por las infraestructuras de la empresa del servicio de aguas en la capital tinerfeña.

Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, junto a la también concejala de este grupo municipal Dolores Espinosa y los abogados José Pérez Ventura, redactor de la denuncia, y Antonio Espinosa.

Tanto Trujillo como Pérez Ventura tacharon este presunto caso de corrupción como “aún más grave que Las Teresitas”, al ser la cuantía mayor que en el “pelotazo de libro” cometido con las parcelas de la playa. A Sacyr el Ayuntamiento ya le ha devuelto 33 de los 59 millones que había abonado en 2005 como canon por Emmasa.

Además, lamentaron que la “falta de diligencia” del actual alcalde, José Manuel Bermúdez, “ha impedido procesar a más personas en estas diligencias judiciales, debido a la prescripción de los posibles delitos”.

Ambos recordaron que los pagos a Sacyr, a través de Emmasa, pasaron desapercibidos en los controles muncipales hasta que un informe municipal de marzo de 2019 daba cuenta de no haber encontrado soporte documental de la deuda, conclusión similar a la de un nuevo informe, ya en 2020, que reiteró que no existía documento alguno que sustentara el pago, y que la deuda en favor de Sacyr había sido tomada “de manera unilateral” y sin sustento contractual.

La denuncia se presentó primero en la Fiscalía, pero ante el temor a la prescripción de los delitos, Unidas Podemos decididó denunciar los hechos directamente en el Juzgado, que dictó el auto a mediados del presente mes de abril, justo un día antes de que prescribieran los delitos a las dos únicas personas que han podido ser procesadas según este criterio. En todo caso, la Fiscalía finalmente presentó también denuncia.

A raíz de la gravedad de los hechos, Trujillo anunció que Unidas Podemos se personará en esta causa, reclamó que haga lo propio el Ayuntamiento y volverá a pedir además una comisión municipal de investigación sobre estos hechos “para esclarecer cómo es posible que durante tantos estos millonarios pagos anuales, pese a ser ilegales, burlaron los controles técnicos del Ayuntamiento”.

Acciones administrativas y judiciales

El consistorio anunció el pasado enero que exigiría la devolución a la empresa Sacyr del dinero que, de forma “indebida”, la empresa Sacyr ha recibido de Emmasa desde el año 2007, lo que supone alrededor de 30 millones de euros.

Esta petición se produjo a raíz del dictamen del Consejo Consultivo, que concluyó que el abono anual que se venía haciendo desde Emmasa a Sacyr como canon por el uso de la red pública de abastecimiento y saneamiento de agua no está sustentado en ningún documento de los que sirvieron para formalizar la concesión de este servicio municipal.

Al día siguiente de conocerse ese informe el alcalde anunció que ya había dado instrucciones para que las conclusiones del dictamen derivasen “en cuantas acciones administrativas y judiciales sean necesarias para defender los intereses generales del Consistorio”.