807 permisos de conducir venezolanos falsificados y preparados para ser canjeados por permisos españoles, fueron interceptados por Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, deteniendo a 802 personas en varias provincias españolas, 154 de ellas en Santa Cruz de Tenerife, la provincia con más casos, y 18 en Las Palmas de Gran Canaria.
La operación policial se desarrolló en tres fases y permitió, además, la intervención de otros 296 permisos españoles que ya habían sido canjeados. 802 personas fueron finalmente detenidas por este asunto en un total de 19 provincias españolas.
Según pudo saber la policía, los detenidos obtenían la documentación falsa a través de redes sociales, donde grupos criminales ubicados en Venezuela les cobraban una media de 90 dólares y se comprometían a entregarles en dos o tres días, vía postal, la licencia venezolana para conducir.
La situación se presenta porque desde agosto de 2017, en Venezuela se emite un formato que no cumple con los requisitos legales requeridos para el proceso de canje, por lo que estos ciudadanos recurrían a grupos criminales para conseguir una falsificación del formato anterior que sí es válido.
Este fraude se había extendido por todo el territorio español debido a que, en las ciudades con mayor presencia de ciudadanos venezolanos, tenían muchas dificultades para conseguir una cita en la Jefatura de Tráfico, por lo que las solicitaban en jefaturas limítrofes menos masificadas. Tras detectarse este fraude, la Dirección General de Tráfico suspendió el procedimiento de canje con Venezuela desde el 15 de marzo de 2021.
La investigación, que se inició a principios del año 2020, ha culminado con la detención de 802 personas en Alicante (62), Asturias (22), Badajoz (4), Barcelona (17), Cáceres (4), Ciudad Real (16), Guipúzcoa (41), Jaén (4), Las Palmas (18), Madrid (185), Málaga (123), Murcia (23), Pontevedra (6), Santa Cruz de Tenerife (154), Sevilla (16), Toledo (38), Valladolid (56), Zamora (4) y Zaragoza (9). Los poseedores de los mismos no han podido acreditar que dispongan de un permiso de conducir legal, con el consiguiente peligro que ello supone para la seguridad vial.
