La situación de las residencias de ancianos de Las Islas tras el informe del Diputado del Común, dado a conocer de manera destacada por todos los medios informativos canarios, sigue ofreciendo información sobre las irregularidades que se cometen entre las que destaca que «aunque existe amparo normativo para supervisar, visitar y tener observancia de la prestación residencial a personas mayores, las visitas del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Derechos Sociales y de la Inspección de Trabajo fueron prácticamente nulas en 2018 y en 2019″.
Asimismo, el trabajo señala que, en los 25 centros visitados, «sólo se registran tareas de supervisión y control desde la Dirección General de Salud Pública en cumplimiento del Plan seguridad alimentaria y de la Dirección General de Industria en cuanto a instalaciones de cocinas, ascensores o frigoríficos«.
En Tenerife y La Palma los ancianos no consiente su internamiento
La recopilación de datos de la Diputación del Común indica también que, a pesar de que «la autorización judicial para internamiento no voluntario es un requisito imprescindible para el acceso a centros de las islas de Gran Canaria y de Lanzarote, en residencias de ancianos de La Palma y de Tenerife se permite que lo ejerzan los familiares de manera voluntaria, sin ser un trámite de obligado cumplimiento», según la información facilitada por las personas entrevistadas por la adjunta al Diputado del Común de protección de los derechos de las personas mayores, María Milagros Fuentes González.
Cabildos Insulares
El trabajo de la adjunta al Diputado del Común también recuerda que los Cabildos insulares, con competencias transferidas en materia de servicios sociales especializados a personas mayores y en situación de discapacidad, convenían cada año la gestión de plazas de atención residencial para personas mayores. Entre las funciones convenidas está la de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación de los servicios sin perjuicio de las funciones que competen a la propia Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Para ello, se cuentan con unidades técnicas de evaluación y calidad u otras unidades constituidas con el fin de gestionar, supervisar y/o coordinar los recursos residenciales.
Con respecto a esta obligación de los cabildos, en el informe se reflejan, las inspecciones realizadas de manera presencial. Los centros residenciales de la isla de Lanzarote refieren visitas periódicas, con un trabajo continuo y complementario. Existen igualmente mecanismos estables de coordinación con la Residencia Asistida anexa al Hospital Insular, integrada en la Consejería de Sanidad.
En Gran Canaria, la supervisión es discontinua en centros de carácter privado, con mayor número de visitas a los centros de carácter público.
En Tenerife, los centros refieren limitadas visitas. Mientras en La Palma, con todas las plazas de carácter público, uno de ellos de gestión directa, centran las limitadas visitas que se realizan.
Entre las irregularidades que se presentan por el informe, además de las ya denunciadas por EsTenerife en informaciones anteriores, destacan habitaciones con 6 y 8 personas residentes en un solo habitáculo, habitaciones sin luz, en semisótanos, con barreras para el acceso, algunas de ellas sin la dotación básica: armario, mesilla de noche, o en su caso, mayor ocupación en la habitación que armarios disponibles.
Asimismo, la adjunta al Diputado del Común detectó que no se corresponden los usuarios comunicados con el número de habitaciones de algunos de estos centros.
«Son pocos los centros que logran que las habitaciones sean zonas además de confortables, espacios humanizados y de apariencia agradable para sentirlos como un hogar», se menciona en el trabajo.
En las visitas a los centros se ha verificado que «este cumplimiento mínimo es la práctica habitual. Existen muy pocas habitaciones individuales, hecho que se puso de manifiesto en la gestión de la crisis sanitaria originada por el virus COVID-19 ante la necesidad de aislar las personas que presentaban síntomas de enfermedad o bien como medida preventiva para evitar contagios».
Alimentación
Añade también que el servicio de manutención es deficiente si se tiene en cuenta que «varios centros no cuentan con el menú visible y, en ocasiones, en caso de estar, es inaccesible a la lectura por las personas mayores residentes. Se da muy poca importancia a que las personas conozcan qué van a comer, siquiera como mecanismo para orientar y trabajar la autonomía».
Asimismo, a juicio de esta institución, los menús «están alejados de los gustos culturales y sin productos locales y se conforman con alimentos preelaborados o precocidos».
Los técnicos del Diputado del Común pudieron contemplar a residentes en estos centros de mayores «que comen solos, en un rincón del salón, sin interacción y de espaldas al resto de la actividad del centro, personas que se mantienen con manchas de restos de comida, sin cambios de ropa, durante el resto de la jornada.
Lavandería
También se expresa en este trabajo que «la manipulación de la ropa de las personas usuarias es una de las actividades con más quejas e incidencias en los centros residenciales. Pérdida de ropa, piezas que se estropean, confusión entre propiedad de la ropa, etcétera.
Si bien es requisito imprescindible el etiquetado de la ropa en el momento del ingreso, las personas usuarias «hablan con preocupación y tristeza de la pérdida y deterioro de su ropa, sobre todo de piezas de especial valor».
«Es igualmente triste cuando manifiestan su resignación a cambiar la vestimenta habitual por las negativas de los servicios de lavandería para prendas de punto, abrigos o medias», señala el informe.
De los 25 centros estudiados ocho tienen personal médico en sus plantillas, dos de ellos con jornadas parciales. En las memorias de dichos centros, la función principal del médico es la actividad asistencial, coordinación de historia clínica y organización de interconsultas.
Las personas residentes en los otros centros de atención residencial tienen asignado un médico de su zona básica de salud, integrados, se entiende, en los diferentes programas asistenciales, especialmente en el Programa de atención a las personas mayores en Atención Primaria.
Sin embargo, en el trabajo del Diputado del Común se recoge que «según la propia información de los centros, las visitas médicas se distancian casi en un año.
En el ámbito de la atención social de las personas residentes, son trece de los veinticinco los centros que cuentan con profesionales de trabajo social, con horarios que oscilan entre las diez horas
semanales a jornadas laborales completas. Intervienen en distintos protocolos de trabajos de los centros, figurando como
responsables en algunos como los de acogida y adaptación, relaciones con las familias y/o sus representantes legales, vínculo con el entorno, resolución de conflictos, además de participar en los programas de actividades socio culturales y otros servicios
complementarios.
Entre sus tareas profesionales asimismo está el seguimiento, coordinación y supervisión de las funciones tutelares de las personas con medidas de guarda y custodia. El ratio de profesionales es de 0.01, con media hora de atención semanal por persona usuaria.
En este sentido, las personas que han redactado el informe se preguntan quien hace un seguimiento de la alteración de conducta de los residentes en estos centros, quién supervisa las sujeciones, o cómo se detectan situaciones de maltrato institucional, quién
conoce el menú, quién realiza la valoración continúa de la capacitación funcional y la movilidad y plantea que «quizás es responsabilidad del propio Servicio Canario de Salud revisar los protocolos para atención a personas mayores, las visitas que realmente se efectúan a las personas de centros de atención residencial» y plantea «promover alternativas para que esta atención médica sea real y acorde con las necesidades de las personas mayores».
Actividades programadas
Otro de los apartados de este denso informe hace referencia a las actividades programadas que, según relatan los propios centros, son cada vez en periodos más distanciados porque conlleva movilizar otros agentes sociales, como voluntariado de Cruz Roja, familiares o transportes especializados.
Además, hay centros que cobran una tarifa especial para participar en estas actividades, «circunstancia que está conllevando una menor participación de las personas residentes.
El caso es especialmente grave en Tenerife, donde las personas de residencias están incluidas en el programa ANSINA, de dinamización sociocultural e intervención social del Cabildo de Tenerife pero hace más de un año que suspendió sus actividades.
