Las organizaciones sociales de Canarias se han dirigido al presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, para criticar la gestión de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias que dirige Noemí Santana. Estas asociaciones expresan su notorio malestar por el ninguneo de este departamento del Gobierno de Canarias en la elaboración del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias.
Asimismo, anuncian al presidente que rompen relaciones con la consejera Noemí Santana y solicitan la intervención «a la mayor celeridad posible» de Ángel Víctor Torres. «La continuidad del rumbo establecido resulta inviable y perjudicial para la salud de los Servicios Sociales en Canarias«, aseguran.
Entre los firmantes del escrito remitido a la presidencia del Gobierno figuran ACUFADE, CERMI, Colegio Oficial de Trabajo Social, Colegio de Psicología de Santa Cruz, Colegio de Psicología de Las Palmas, Colegio Oficial de Educación Social y la Coordinadora de Acción Social de Canarias. En el documento señalan que remitieron a la Consejería de Derechos sociales las propuestas que los diversos agentes sociales «entendían de conformidad para la redacción de un texto que correspondiera a la capacidad estructural y de cobertura de los derechos de la ciudadanía demandante de los servicios que esta regula». Sin embargo, todas las aportaciones quedaron excluidas.
Estos colectivos señalan que los espacios habilitados que se presuponía para la participación activa «han quedado mermados hasta el punto de encontrarse desarticulados o carentes de vinculación a la redacción del proyecto de Decreto que incluye el Catálogo de Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, a pesar de que los agentes sociales implicados son quienes disponen del conocimiento y comprensión de los conceptos prestacionales y de servicios que se pretenden introducir«.
Tras señalar que sus aportaciones fueron eliminadas añaden que el proyecto de decreto presentado para su aprobación al Gobierno de Canarias expone «un texto restrictivo, vacío de contenido, con vicios en los servicios esenciales que se expresan en normas específicas de obligado cumplimiento, así como contraviniendo el espíritu de la propia Ley de Servicios Sociales de Canarias».
Asimismo, proponen la celebración de una pronta reunión con todos los grupos parlamentarios representados en el Parlamento de Canarias y que se reanuden las comisiones de trabajo colectivas específicas para cada ámbito prestacional y de servicios, orientadas a la incorporación de propuestas para la redacción de un texto que «corresponda a las necesidades reales a las que se pretende referir un Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Público de Servicios Sociales, resultando el trabajo emanado de éstas, vinculante al texto que se proponga» y también piden que se paralicen los plazos de tramitación para la aprobación en el Parlamento de la propuesta actual «dada la expresa necesidad de modificación que presenta el texto, y que no podrá suplirse con la vía de tramitación en los plazos actuales».
