La Ley de Cabildos sale adelante en Canarias con solo el voto en contra de Vox
La norma impulsada por la Fecai blinds las competencias de las corporaciones insulares y reduce de 22 a 4 artículos el procedimiento de transparencia.
El Parlamento de Canarias ha aprobado la Ley de Cabildos, una reforma que consolida y protege las competencias de las corporaciones insulares y ajusta su marco jurídico a las nuevas atribuciones derivadas de la última modificación del Estatuto de Autonomía. Solo Vox votó en contra, lo que convirtió la sesión en una muestra inusual de consenso parlamentario.
La norma ha sido impulsada por la Federación Canaria de Islas (Fecai), el organismo que agrupa a los ocho cabildos insulares del archipiélago. Su aprobación supone el primer gran desarrollo legislativo de las competencias insulares desde que el Estatuto de Autonomía fue modificado para ampliar las atribuciones de estas instituciones.
Qué cambia con la nueva ley: menos burocracia y un nuevo nombre para Lanzarote
Una de las medidas más visibles es la simplificación administrativa en materia de transparencia: el procedimiento pasa de regularse en 22 artículos a quedar recogido en apenas 4. Para quien gestione documentación en cualquier cabildo, ese recorte burocrático puede traducirse en trámites más ágiles y menos papeleo.
La ley también oficializa el cambio de denominación del Cabildo de Lanzarote, que a partir de ahora incorpora a La Graciosa en su nombre, reconociendo así la integración de la isla más pequeña del archipiélago en el ámbito de gestión de esa corporación insular.
Además, la reforma refuerza el reconocimiento de los cabildos como instituciones singulares dentro del sistema autonómico canario, una distinción que va más allá de lo simbólico: implica que su posición jurídica queda diferenciada respecto a la de los ayuntamientos y de la administración autonómica.
El debate en el pleno: enmiendas rechazadas y un acuerdo que prospera
El debate parlamentario dejó un mapa político claro. Las enmiendas presentadas por Vox, PP y AHI fueron rechazadas. La diputada Luz Reverón (PP) había propuesto clarificar el artículo 88 para eliminar ambigüedades sobre la doble naturaleza de los cabildos como administración local y autonómica al mismo tiempo. Raúl Acosta (AHI), por su parte, defendió medidas de austeridad y una mayor presencia de perfiles técnicos frente a cargos políticos en la organización interna de estas instituciones.
Sin embargo, sí prosperó la propuesta del Grupo Mixto para facilitar que cabildos como el de El Hierro puedan suscribir convenios orientados a proyectos concretos, como el de residencias universitarias.
La postura de Vox fue la única abiertamente contraria al conjunto de la ley. El partido defiende una recentralización competencial y una reducción del aparato administrativo, argumentos que chocaron con la visión mayoritaria en la cámara.
El resto de los grupos valoró positivamente el consenso alcanzado. Casimiro Curbelo (ASG) destacó la relevancia histórica de los cabildos y defendió que las islas no capitalinas requieren más competencias o una fiscalidad diferenciada. Luis Campos (NC-bc) subrayó el carácter «constructivo» de la ley en la configuración del autogobierno canario frente a tendencias centralizadoras. Socorro Beato (CC) resaltó el fortalecimiento institucional que supone la norma, mientras que Nayra Alemán (PSOE) celebró el acuerdo y criticó la postura de Vox, abogando por una administración más coordinada y eficaz al servicio de la ciudadanía.
«La ley tiene un carácter constructivo en la configuración del autogobierno canario frente a tendencias centralizadoras.»
Luis Campos·Diputado de Nueva Canarias-bc en el Parlamento de Canarias
Los cabildos insulares son una institución propia del archipiélago sin equivalente directo en el resto del Estado. Funcionan a la vez como administración local de cada isla y como brazo ejecutor de determinadas competencias autonómicas, lo que les otorga un papel central en la gestión de servicios tan cotidianos como las carreteras insulares, los puertos no comerciales, los servicios sociales de base o la gestión del medio natural. Esa doble naturaleza es, precisamente, la que la enmienda del PP quería clarificar y que la mayoría parlamentaria prefirió dejar tal como quedaba redactada en el texto aprobado.
Con la ley ya aprobada, el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y su posterior entrada en vigor. Los cabildos contarán entonces con un marco jurídico actualizado para ejercer las competencias que el Estatuto de Autonomía reformado les ha asignado, y los procedimientos internos de transparencia comenzarán a simplificarse conforme a la nueva regulación de cuatro artículos.
