Los empleados públicos en abuso de temporalidad denuncian que el Estado ha publicado en el Boletín Oficial el proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y lo ha hecho con trámite de urgencia por lo que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados tan solo disponen de ocho días para presentar enmiendas al texto. Ocho días que comenzaron a contar este 31 de agosto.
En este sentido, la Plataforma de Interinos y Temporales (PI) quiere hacer constar que las «prisas» en la tramitación de este proyecto de Ley «solo responden a limitar el tiempo de reacción de los grupos parlamentarios y, por tanto, «coger con el pie cambiado a los diputados a la vuelta de las vacaciones para que no haya tiempo material en la preparación y la redacción de las enmiendas, tan necesarias para un proyecto de ley que vuelve a incumplir la normativa europea y el derecho de igualdad entre colectivos».
Estos trabajadores afirman que el Gobierno de Pedro Sánchez continúa utilizando su maquinaria para ejecutar su plan de despido de 800.000 empleados públicos provocando, con ello, un grave perjuicio a las arcas públicas, que podría ascender de 18.000 a 20.000 millones de euros, frente a una solución a coste cero: la permanencia. Una solución avalada por juristas de reconocido prestigio como la presidenta emérita del Tribunal Constitucional María Emilia Casas.
Por ello, los trabajadores agrupados en PI piden a los grupos políticos y diputados «la máxima celeridad en la preparación de estas enmiendas para provocar que el texto final de la Ley sea «justo y se articule una compensación al abuso y al incumplimiento de la Ley por parte de las administraciones de modo que el trabajador pueda permanecer en su puesto de trabajo hasta la jubilación o deceso».
