Canarias exige al Estado refuerzo militar contra las mafias de cayucos: la operación que ya funcionó en 2006

El Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para reforzar la lucha contra la migración irregular en la ruta atlántica. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, busca aumentar los medios humanos, materiales y tecnológicos destinados a la vigilancia aeronaval en el archipiélago, con la participación coordinada de la Guardia Civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la agencia europea Frontex.

El diputado del PP Jacob Qadri destacó durante el debate que Canarias no solo representa una frontera española, sino también la frontera sur de Europa. En este sentido, subrayó que la protección de este territorio, la seguridad y el salvamento de vidas son responsabilidades que deben asumir tanto el Estado como la Unión Europea. Qadri recordó la Operación Noble Centinela, ejecutada en 2006, como ejemplo de una respuesta contundente ante una crisis similar y cuestionó por qué el Gobierno actual no aplica medidas equivalentes.

Seis medidas para abordar la crisis migratoria

La PNL incluye seis puntos clave. El primero y más destacado es el refuerzo de la vigilancia aeronaval, con la colaboración de los cuerpos de seguridad y las Fuerzas Armadas. Otras propuestas son el fortalecimiento de la cooperación con países de origen y tránsito, la mejora de los mecanismos de identificación y atención humanitaria, y la agilización de los procesos de retorno con garantías legales. Además, se exige una financiación suficiente para las islas, que hasta ahora han asumido gran parte de la carga migratoria sin los recursos necesarios.

Qadri criticó que la respuesta actual se limite a actuar cuando las embarcaciones llegan a las costas canarias, en lugar de prevenir su salida. «Canarias no puede seguir asumiendo este problema en solitario, abandonada por el Estado», afirmó.

Apoyo unánime con matices

Aunque la iniciativa contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, hubo discrepancias en algunos puntos. Vox, que votó en contra de dos de las seis medidas —relativas a la mejora de recursos económicos y de acogida—, consideró la propuesta «tibia». Su diputada Paula Jover reclamó un enfoque más contundente, con términos como deportación o repatriación, y advirtió que los canarios no quieren más dispositivos de acogida, sino soluciones definitivas.

Desde Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Coalición Canaria (CC) se celebró la unanimidad alcanzada. Agustín Ramos Chinea (ASG) subrayó que la PNL aborda responsabilidades compartidas entre el Estado y Europa, mientras que Jana María González (CC) destacó la necesidad de garantizar dignidad y humanidad en la atención a los migrantes. Carmen Hernández, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, mostró su sorpresa por coincidir con el PP en esta iniciativa, pero respaldó el llamamiento a una mayor implicación estatal y europea.

El acuerdo parlamentario deja claro que la migración irregular en Canarias no es un problema local, sino una cuestión que requiere una respuesta coordinada y decidida a nivel nacional e internacional.