En el último censo de vertidos a las costas de Canarias, correspondiente a 2021, que revela que hay 434 puntos, de los cuales el 54% son aguas residuales urbanas, de estos solo el 28% están autorizados y el 72% no lo están perjudicando las playas y costas de nuestras islas y a nosotros mismos.
La gran parte de los expedientes sancionadores en Canarias son el 75%, son contra administraciones públicas, no obstante, aunque dos tercios de los vertidos no tienen autorización, en cuanto al volumen de agua el 80% sí la tiene.
Ese 80% del volumen de agua que se vierte al mar corresponde a los procesos de refrigeración de las siete centrales eléctricas que operan en las islas con un dudoso control sobre los mismos.
Multa de 10 millones cada seis meses
El cuarto expediente es el de Güímar, y por él hay que pagar diez millones de euros de sanción cada seis meses mientras no esté en funcionamiento la estación depuradora que tanto se ha prometido y que sigue avanzar perjudicando las playas de Candelaria y Güímar con una alta tasa de cierres por contaminación. Por otro lado, Santa Cruz de Tenerife esta siendo vigilado por lupa por su alta contaminación de aguas en la gestión de EMMASA.
La competencia en la gestión de las aguas residuales es de cada municipio, pero son las otras administraciones como cabildos o Comunidad Autónoma quienes tienen que pagar estas multas que podrían destinarse a mejorar la calidad de las aguas de Canarias .
Las instituciones se comprometió a la realización de un censo de patologías asociadas a los vertidos sin tratar que se producen en las costas, que son un problema para los ecosistemas marinos pero también para la salud humana, alertó.
