Canarias identifica los 20 vertidos al mar más críticos y avisa de que la solución será larga

El Gobierno de Canarias ha dado un primer paso formal para ordenar la lucha contra la contaminación marina: ha identificado los 20 vertidos al mar más críticos del archipiélago y los ha colocado en el centro de su agenda medioambiental. La advertencia que acompaña al anuncio no deja mucho margen al optimismo. Las autoridades reconocen abiertamente que resolver estos focos de contaminación será un proceso largo y costoso.

La medida supone, en la práctica, establecer una lista de prioridades en un problema que afecta a miles de kilómetros de costa. Canarias cuenta con un litoral extenso y diverso, sometido a presiones muy distintas: desde el tráfico portuario hasta los sistemas de saneamiento de los municipios costeros, pasando por la actividad industrial y los residuos que llegan desde tierra. No todos los focos de contaminación tienen el mismo impacto sobre el ecosistema marino, y la decisión de establecer esos 20 puntos críticos responde precisamente a la necesidad de concentrar esfuerzos donde el daño es mayor.

Por qué se habla ahora de los vertidos más graves

El litoral canario arrastra desde hace años problemas de vertidos que no siempre tienen visibilidad pública. El agua que llega al mar desde colectores deficientes, las filtraciones de instalaciones obsoletas o los episodios puntuales de contaminación forman parte de una realidad que, en muchos casos, pasa inadvertida para el turista que llega a la playa. Sin embargo, para los pescadores artesanales, los buceadores y los vecinos de zonas costeras, las consecuencias son palpables: zonas de baño cerradas, capturas mermadas, ecosistemas alterados.

La decisión de priorizar los 20 vertidos más críticos implica que las instituciones reconocen que no es posible abordarlo todo a la vez. Los recursos son limitados y la complejidad técnica de cada intervención varía mucho según el origen del vertido, la profundidad a la que se produce y el tipo de contaminante. En algunos casos, la solución pasa por renovar infraestructuras de saneamiento que tienen décadas de antigüedad. En otros, requiere coordinación entre distintas administraciones, porque la competencia sobre el litoral se reparte entre el Estado, el Gobierno regional, los cabildos y los ayuntamientos.

El Gobierno de Canarias es el organismo que ha liderado esta priorización, aunque la resolución efectiva de cada punto dependerá de quién tenga la competencia concreta sobre la infraestructura o el foco contaminante en cuestión. Esa fragmentación administrativa es, precisamente, uno de los factores que complica la gestión y alarga los plazos.

El aviso sobre el coste y los plazos

Que las autoridades avisen públicamente de que la solución será larga y costosa tiene una lectura doble. Por un lado, es un ejercicio de honestidad: nadie debería esperar que los vertidos más graves del litoral canario desaparezcan en una o dos legislaturas. Por otro, anticipa que la ciudadanía tendrá que convivir durante un tiempo más con problemas que ya conoce de sobra.

El coste económico de intervenir en focos de contaminación marina no es menor. Renovar redes de saneamiento, construir emisarios submarinos en condiciones, instalar sistemas de depuración o rehabilitar infraestructuras portuarias son obras que se miden en millones de euros y que, en ocasiones, requieren financiación europea para salir adelante. Canarias ha accedido históricamente a fondos comunitarios para proyectos de este tipo a través de programas de cohesión y de fondos específicos para regiones ultraperiféricas, una categoría que comparte con otros territorios insulares de la Unión Europea por su lejanía del continente.

La condición de región ultraperiférica implica, entre otras cosas, que las islas tienen costes logísticos más elevados para cualquier tipo de obra o intervención. Llevar maquinaria, materiales y personal especializado a una isla pequeña multiplica el presupuesto necesario y alarga los plazos de ejecución. Eso explica, en parte, por qué el propio Gobierno no ha prometido plazos concretos y ha preferido trasladar un mensaje de realismo antes que de urgencia resuelta.

Para los habitantes de zonas costeras que llevan años conviviendo con vertidos, la noticia tiene un sabor agridulce. Que el problema esté mapeado y priorizado es un avance real. Que la solución se anuncie como larga y cara, en cambio, invita a preguntarse cuántos veranos más tendrán que pasar antes de que esas veinte zonas dejen de suponer un riesgo para el mar que las rodea.

El siguiente paso lógico será conocer el cronograma concreto de actuaciones y los mecanismos de financiación previstos para cada uno de esos 20 puntos críticos. Mientras tanto, la lista existe y eso, al menos, es el punto de partida que faltaba.