Zapatero, ante hasta seis años de cárcel si no prueba el origen de sus joyas
El juez investiga un posible delito fiscal y de contrabando por las alhajas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte de su despacho.
José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, se enfrenta a penas de hasta seis años de prisión si no logra acreditar el origen y la fecha en que obtuvo las joyas valoradas en 1,3 millones de euros que fueron halladas en una caja fuerte de su despacho. El juez José Luis Calama ha abierto una pieza separada para investigar un posible delito fiscal y de contrabando al considerar que, por el momento, el expresidente no ha justificado la procedencia de las alhajas.
La clave del caso no es solo el valor de las piezas, sino tres factores que los asesores fiscales consultados señalan como determinantes: la forma en que fueron obtenidas, la fecha en que pasaron a integrar el patrimonio de Zapatero y quién es su propietario legal. Estos tres elementos marcarán el rumbo penal del proceso.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, explica con claridad los distintos escenarios tributarios. «En el momento de la adquisición tienes que tributar. Si las compras en una joyería, te repercuten el IVA y tendrás factura. Si las compras a un particular, pagas por transmisión patrimonial onerosa; si lo has heredado, tendrías que haber declarado sucesiones, y si te lo han donado, donaciones», resume la experta.
«En el momento de la adquisición tienes que tributar. Si las compras en una joyería, te repercuten el IVA y tendrás factura. Si las compras a un particular, pagas por transmisión patrimonial onerosa, si lo has heredado, tendrías que haber declarado sucesiones y si te lo han donado, donaciones.»
Fiscal del REAF del Consejo General de Economistas
El mejor y el peor escenario para el expresidente
El escenario más favorable para Zapatero sería demostrar que las joyas son fruto de una herencia o de regalos recibidos durante viajes al extranjero. Precisamente, esos fueron los argumentos que esgrimió la secretaria del expresidente cuando fue interrogada sobre la procedencia de las alhajas. Si la defensa logra acreditar la herencia mediante un testamento o un documento que pruebe la donación, las piezas quedarían exentas de fraude fiscal.
Sin embargo, la situación se complica si no es posible aportar esa documentación. En ese caso, Hacienda podría aplicarle lo que se conoce técnicamente como ganancia patrimonial no justificada. Rubén Gimeno, también del REAF, lo explica en términos sencillos: «Es como si Hacienda te descubre un coche, una casa… que no puedes probar que has comprado, ni que te lo han regalado». En esos supuestos, la ganancia patrimonial se integra en la cuota general del IRPF al tipo marginal más alto. La Asociación de Inspectores del Estado (IHE) estima que el porcentaje aplicable a Zapatero estaría entre el 45 y el 50%.
Existe, además, otro frente abierto: el impuesto de Patrimonio. Si el peritaje preliminar sobre el valor de las joyas se confirma, la cuantía sería suficiente para que Zapatero hubiera tenido la obligación de incluirlas en su declaración de este tributo. En Madrid, donde se presume que reside fiscalmente, el impuesto estuvo bonificado casi al cien por cien hasta 2023. Desde esa fecha volvió a estar activo. «En el periodo 2023-2025 tendría que haber presentado la declaración de patrimonio o imputar las joyas. El impuesto se paga a partir de un millón de euros; si las joyas tienen ese valor, está obligado a presentarlo», señala Gimeno.
La prescripción como posible tabla de salvación
Uno de los elementos que puede aliviar la situación del expresidente es la prescripción. Según los expertos consultados, el fraude fiscal relacionado con piezas que hubieran sido obtenidas antes de junio de 2021 podría haber prescrito, lo que reduciría considerablemente el marco de responsabilidad penal. Esta circunstancia convierte la fecha de adquisición de las joyas en un dato de primer orden para la instrucción judicial.
El asunto también ha generado una declaración pública de Luis Arroyo, quien se ha disculpado por su papel en el caso. «Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas», afirmó Arroyo, añadiendo una capa adicional de complejidad a un expediente que el juez Calama ya trata con una pieza separada dentro de la investigación principal.
La combinación de los posibles delitos, fiscal y de contrabando, es lo que sitúa la horquilla de pena máxima en los seis años de prisión. El Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas y la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado son dos de los organismos cuyos técnicos han analizado públicamente la complejidad del caso y los distintos caminos tributarios que se abren en función de cómo se acredite el origen de las alhajas.
La instrucción judicial sigue abierta. La defensa de Zapatero tendrá que aportar documentación que acredite de manera fehaciente la procedencia de las joyas y el momento exacto en que entraron en su patrimonio. De la solidez de esa prueba depende, en buena medida, el desenlace penal del proceso.
