El plazo de seis meses para retirar el monumento a Franco divide Santa Cruz de Tenerife y Madrid

El Ministerio de Memoria Democrática, presidido por Ángel Víctor Torres, dictó una resolución que obliga al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a retirar del espacio público, en un plazo de seis meses, el monumento a Franco. La decisión ha generado una brecha profunda entre el Gobierno estatal y la administración local, gobernada por Coalición Canaria y el Partido Popular. El Ejecutivo central incluyó la escultura de Juan de Ávalos en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

El ministro explicó que retirar estos vestigios es «un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura». Torres sostuvo que la resolución se produce tras el rechazo de órganos técnicos a proteger la obra como patrimonio cultural.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, apunta que sus técnicos están analizando las posibles consecuencias que la decisión tendrá para la ciudad. El Consistorio insiste en que debe estudiar tanto el coste económico como las repercusiones legales de la retirada. Bermúdez reitera que el Ayuntamiento cumplirá con la ley, tanto en lo que se refiere a la Ley de Memoria Democrática estatal como a la canaria.

Los obstáculos legales y administrativos en Santa Cruz de Tenerife

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Carlos Tarife, ha calificado de «incumplible» el plazo de seis meses y asegurado que los procedimientos legales y administrativos harían que la obra no pudiera comenzar antes de un año y medio. Tarife explica que cualquier actuación sobre bienes municipales requiere licitación pública previa, licencia y múltiples trámites que no pueden acelerarse.

Tarife aseveró que si se firmara hoy la orden, mínimo tardarían casi un año y medio en poder empezar a hacer algo, pues no hay expediente administrativo que en solo medio año tenga aprobado y adjudicado un proyecto, cuando legalmente no se puede ejecutar una obra sin licitar. Esta valoración ha puesto en el centro del debate la viabilidad real de cumplir con el cronograma establecido.

El Cabildo de Tenerife se ha sumado a las críticas. El Ministerio de Memoria Democrática, más allá de instar a la retirada del monumento, no puede asumir el expediente, que compete al Ayuntamiento. El vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, indicó que «ya no se sabe» cuándo Ángel Víctor Torres actúa como ministro y cuándo como secretario general del PSOE canario.

El monumento a Franco y su rechazo patrimonial en Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazó la declaración del monumento como Bien de Interés Cultural (BIC) por no existir «razones artísticas» que justificaran su mantenimiento. El órgano concluyó por «amplísima mayoría y sin votos en contra» que no concurren valores patrimoniales suficientes que justifiquen la conservación de una obra cuya finalidad esencial es la exaltación de la dictadura.

La inclusión en el catálogo ministerial se basa en el informe del Gobierno de Canarias, emitido el 21 de mayo, que rechaza proteger la obra de Ávalos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha señalado que anteriormente ya recurrió con éxito decisiones similares ante los tribunales, lo que abre la puerta a nuevos recursos legales.

El Ministerio obliga a la retirada de la obra de su ubicación actual e indica que su depósito y custodia se realizarán en una dependencia pública sin que ello implique su exposición pública, dando de plazo seis meses para cumplir de forma voluntaria. La resolución permite recurso administrativo contra ella.

El conflicto refleja la tensión entre criterios estéticos y políticos en torno a la memoria histórica. El dictamen del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias subraya que «un monumento erigido para la exaltación personal de un dictador no puede entenderse resignificado por el mero transcurso del tiempo». Para el Gobierno central, la ausencia de valor artístico cierra cualquier debate sobre su conservación.

La próxima semana el Ayuntamiento de Santa Cruz celebrará una reunión interna para analizar la resolución ministerial y definir sus acciones. El Consistorio anunciará sus pasos tras revisar el escrito en los servicios jurídicos. Mientras, asociaciones defensoras del monumento evalúan recursos legales contra ambas decisiones: la del Ministerio y la del Gobierno de Canarias.

El plazo de seis meses vence a finales de 2026, momento crítico que marcará si Santa Cruz cede ante la presión estatal o escalala el conflicto ante la justicia. El resultado tendrá implicaciones para otras ciudades españolas con símbolos similares incluidos en el catálogo ministerial.