Cuarenta y nueve perros desnutridos: detenido en Granadilla por grave maltrato animal

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Granadilla de Abona como presunto autor de un delito de maltrato animal tras localizar 49 perros de caza en condiciones de grave abandono en una parcela rústica del municipio sureño de Tenerife. Los animales presentaban importantes deficiencias higiénicos-sanitarias, desnutrición severa y carecían de refugios adecuados para protegerse de las inclemencias del tiempo.

La operación fue llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Compañía de Playa de Las Américas, con la colaboración de los Guardas Rurales de la Gestión Cinegética de la Isla de Tenerife. La investigación se inició tras la información facilitada por estos guardas sobre la existencia de un elevado número de animales que podrían encontrarse en condiciones inadecuadas en la finca del acusado.

El estado lamentable de los animales en la finca

Durante la inspección realizada, los agentes localizaron los 49 perros distribuidos en tres zonas de la parcela. El panorama que encontraron fue desolador: acumulación masiva de excrementos, refugios improvisados con materiales poco aislantes que no ofrecían protección frente al viento o la lluvia, y espacios reducidos donde los animales vivían hacinados sin espacio suficiente.

Lo más preocupante fue el resultado de la evaluación veterinaria. Una profesional veterinaria participó en la inspección y verificó que varios de los canes presentaban una condición corporal claramente disminuida, con signos compatibles de desnutrición severa atribuida a un aporte alimenticio insuficiente mantenido en el tiempo o a un acceso desigual al alimento. Apenas 19 de los 49 perros disponían de cartilla sanitaria y estaban identificados mediante microchip, lo que evidencia la falta de control administrativo y de cuidado básico de la explotación.

Hallazgos macabros en la parcela

Los agentes no solo encontraron animales vivos en condiciones deplorables. Durante el registro exhaustivo del resto de la finca, localizaron un antiguo tanque de agua que presuntamente era utilizado para el entrenamiento de los perros de caza, así como varios montículos de tierra y piedras denominados «molleros». El descubrimiento más perturbador fue una cavidad oculta que contenía una importante cantidad de restos óseos de animales que habían sido previamente calcinados, lo que sugiere irregularidades en la forma de deshacerse de los cadáveres.

Estos hallazgos, unidos a las condiciones de vida de los perros aún vivos, fortalecen la acusación por maltrato animal y apuntan a un patrón prolongado de negligencia y posible crueldad hacia los animales bajo su custodia.

El propietario de la finca ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en los juzgados del partido judicial de Granadilla de Abona. Según la Guardia Civil, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de maltrato animal previsto y penado en el artículo 340 bis del Código Penal, que contempla penas de prisión o multa, además de la inhabilitación especial obligatoria para la tenencia de animales y para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o comercio relacionado directamente con ellos.

Este tipo de delito ha adquirido una importancia creciente en el ordenamiento jurídico español. Las penas previstas incluyen de tres a dieciocho meses de prisión para los casos de maltrato que cause lesiones, y pueden agravarse si hay resultado de muerte o si concurren circunstancias como el ensañamiento o el ánimo de lucro. La inhabilitación especial para la tenencia de animales suele imponerse entre uno y tres años, impidiendo al condenado cualquier relación legal con mascotas o ganado.

El caso refleja la importancia del trabajo de vigilancia que realiza el SEPRONA, la unidad especializada de la Guardia Civil en protección de la naturaleza y bienestar animal. Estas patrullas, distribuidas por toda España, responden a denuncias de ciudadanos, asociaciones protectoras y profesionales como veterinarios que detectan situaciones de abuso. En Tenerife, la Compañía de Playa de Las Américas, desde la que se coordinó esta operación, cubre el sur de la isla, donde Granadilla de Abona se ubica como uno de los municipios de mayor extensión territorial.

Según fuentes judiciales, el procedimiento penal se tramitará conforme a los protocolos establecidos. Si la instrucción judicial confirma los hechos, el acusado podría enfrentarse tanto a sanciones penales como a la obligación de costear los cuidados veterinarios y manutención de los animales incautados hasta que se resuelva su situación definitiva. Algunos de los perros podrían ser entregados a protectoras de animales para su rehabilitación y adopción, mientras que otros requerirán tratamiento veterinario prolongado para recuperarse de la desnutrición y las posibles secuelas del abandono.

Este suceso se suma a una creciente preocupación social en Canarias sobre el bienestar animal en explotaciones rurales. Aunque los perros de caza tienen regulaciones específicas sobre su tenencia, los estándares mínimos de higiene, alimentación y atención veterinaria son obligatorios y están fiscalizados tanto por organismos administrativos como por la justicia penal. La detención en Granadilla evidencia que las autoridades están siendo más activas en la persecución de estos delitos.