Canarias exige 10 años de empadronamiento para comprar una casa: ¿quién podrá hacerlo?

El Gobierno de Canarias, formado por la coalición CC-PP, ha remitido al Ejecutivo central un proyecto de real decreto ley para restringir la compra de viviendas en el archipiélago. La medida busca priorizar el acceso a la vivienda para los residentes, estableciendo requisitos de empadronamiento y límites a la adquisición de inmuebles.

Según la propuesta, solo podrán adquirir una vivienda en las islas aquellas personas —tanto españolas como extranjeras— que acrediten un mínimo de 10 años de empadronamiento continuo en Canarias. En caso de residencia discontinua, el plazo se amplía a 15 años. Además, cada comprador tendrá un límite de dos viviendas, siempre que estén ubicadas en municipios distintos.

Requisitos para comprar una vivienda en Canarias

Para las personas jurídicas, como empresas o fondos de inversión, la normativa impone una condición: solo podrán comprar viviendas si su objetivo es venderlas o alquilarlas posteriormente a personas físicas. Esta cláusula busca frenar la compra masiva de inmuebles con fines especulativos.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha defendido la iniciativa como una respuesta necesaria ante el crecimiento demográfico desigual en el archipiélago. En los últimos 25 años, la población de Canarias ha aumentado en más de 500.000 personas, pero este incremento no se ha distribuido de manera homogénea: 48 municipios cuentan con menos de 10.000 habitantes.

La propuesta invoca el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a las regiones ultraperiféricas aplicar normas singulares. De esta manera, el Gobierno canario intenta evitar conflictos con la normativa comunitaria, que prohíbe discriminar por nacionalidad, centrando la medida en la residencia y no en el origen de los compradores.

Contexto y justificación de la medida

El borrador se enmarca en el acuerdo alcanzado con el PSOE para respaldar los llamados decretos Maricarmen, que limitan los desahucios de personas vulnerables. Aunque estos decretos decayeron en el Congreso por la oposición del PP, Vox y Junts, el Ejecutivo confía en que sean aprobados en la Diputación Permanente.

La medida llega en un contexto de debate sobre el acceso a la vivienda en Canarias, donde un tercio de las transacciones inmobiliarias benefician a compradores extranjeros, muchas de ellas destinadas al alquiler vacacional. El Gobierno regional insiste en que la propuesta es urgente para frenar la escalada de precios y garantizar el derecho a la vivienda de los residentes.