El CES apuesta por simplificar la Ley del Suelo para ganar seguridad jurídica sin renunciar a las garantías ambientales
José Carlos Francisco defiende que simplificar la ley "no significa reducir controles, sino eliminar burocracia innecesaria y mejorar la coordinación entre administraciones".
El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) apuesta por una actualización de la Ley del Suelo que simplifique el marco normativo, elimine duplicidades administrativas y refuerce la seguridad jurídica para agilizar el desarrollo económico y territorial del Archipiélago, preservando al mismo tiempo las garantías ambientales y la participación ciudadana.
Así lo recoge el Dictamen 4/2026 del Consejo Económico y Social de Canarias sobre el Anteproyecto de Ley de actualización de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, aprobado por el Pleno del CES por mayoría y con un voto particular, en el que la institución valora los objetivos generales de la reforma y formula un amplio conjunto de recomendaciones para lograr una regulación más clara, eficiente y adaptada a la realidad actual de Canarias.
El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, José Carlos Francisco, afirmó que la actualización de la Ley del Suelo es una oportunidad para simplificar un marco normativo que hoy resulta “excesivamente complejo”: “Necesitamos una ley más clara, más coordinada y que aporte seguridad jurídica sin renunciar a la protección del territorio», añadió.
Francisco subrayó que «simplificar no significa desregular. Se trata de eliminar burocracia innecesaria, mejorar la coordinación entre administraciones y ofrecer respuestas más ágiles a la ciudadanía y a la actividad económica, manteniendo intactas las garantías ambientales y la participación pública».
Entre las principales recomendaciones del Dictamen destaca la elaboración de un texto refundido que integre en una única norma la Ley 4/2017 y todas las modificaciones aprobadas desde su entrada en vigor. Para el CES, esta medida incrementaría la seguridad jurídica, facilitaría la aplicación de la legislación y ofrecería un marco normativo más claro tanto para las administraciones públicas como para empresas y ciudadanía.
El Dictamen insiste en que el proceso de simplificación debe articularse a través de la coordinación administrativa, la digitalización de los procedimientos y la eliminación de duplicidades, evitando que la reducción de trámites pueda traducirse en una pérdida de calidad técnica del planeamiento o en un debilitamiento de la participación ciudadana. En este sentido, el CES propone revisar toda la normativa reglamentaria derivada de la reforma para incorporar expresamente principios de proporcionalidad, simplificación y coordinación procedimental.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Regional y Planificación Económica, Elena Vela, destacó la necesidad de que la actualización de la Ley responda también a retos clave para la economía canaria, como la movilización efectiva de suelo residencial para facilitar la construcción de vivienda, especialmente protegida, apoyándose en diagnósticos objetivos sobre las necesidades reales de cada territorio y facilitando la activación de suelo disponible, así como, por otro lado, la mejora del régimen aplicable al suelo industrial. En este sentido, subrayó además la importancia de reforzar la seguridad jurídica, agilizar los procedimientos, favorecer la modernización de los espacios productivos y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en la tramitación administrativa, siempre bajo la supervisión y garantía del personal funcionario.
El Dictamen contempla como necesario fortalecer los recursos humanos y técnicos de las administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos con menor capacidad, para que puedan asumir con eficacia las competencias derivadas de la actualización de la Ley del Suelo. También plantea mejorar la coordinación de los procedimientos ambientales para reducir los tiempos de respuesta sin disminuir el nivel de protección ambiental ni la seguridad jurídica.
El Dictamen también apuesta por reforzar la participación ciudadana y la implicación de los agentes económicos y sociales durante la elaboración del planeamiento urbanístico, de manera que la agilización de los procedimientos no suponga una reducción de la transparencia ni del consenso social en las decisiones sobre ordenación del territorio.
Con este Dictamen, el Consejo Económico y Social de Canarias contribuye al debate sobre la actualización de la Ley del Suelo con una propuesta orientada a compatibilizar la protección del territorio y de los espacios naturales con una administración más moderna, eficiente y coordinada, capaz de ofrecer mayor seguridad jurídica, facilitar la creación de vivienda y favorecer el desarrollo económico y social sostenible de Canarias.
El Consejo Económico y Social de Canarias
El Consejo Económico y Social de Canarias es un órgano colegiado que tiene por finalidad la de hacer efectiva la participación de los agentes sociales en las políticas públicas del Gobierno de Canarias. Está constituido por organizaciones de consumidores, expertos designados por el Gobierno, organizaciones sindicales y empresariales más representativas y Cámaras de Comercio.
Entre las funciones del CES se encuentran las de realizar informes y dictámenes preceptivos en materia económica, social y laboral.
