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martes, 20 de octubre de 2026 · 21:17 · Santa Cruz de Tenerife
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94.300 euros y un engaño con cáncer: la Fiscalía pide casi siete años de cárcel para una mujer en Tenerife

La acusada, que simuló padecer varios tipos de cáncer para obtener dinero, rechaza un acuerdo y niega los hechos en…

94.300 euros y un engaño con cáncer: la Fiscalía pide casi siete años de cárcel para una mujer en Tenerife
Vista exterior del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, donde se celebra el juicio.

La Fiscalía mantiene su petición de 6 años y 10 meses de cárcel para una mujer acusada de fingir padecer varios tipos de cáncer y obtener 94.300 euros de familiares y amigos en Tenerife. La procesada, que rechazó un acuerdo en la vista celebrada este martes en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, negó su culpabilidad y evitó declarar ante el tribunal, lo que obligó a posponer el juicio hasta el próximo 9 de febrero de 2027.

Según el relato fiscal, la mujer afirmaba que solo una clínica privada podía tratar sus supuestas enfermedades, lo que la llevó a solicitar préstamos y donaciones bajo engaño. Entre las víctimas figuran su suegra, un primo, un tío de su esposo y varios amigos, a quienes habría convencido con supuestos informes médicos y un estado de salud aparentemente deteriorado.

La Fiscalía detalla que la acusada habría empleado los datos personales de su suegra para obtener créditos bancarios por valor de más de 30.000 euros, cuyos impagos recayeron sobre la titular de las cuentas. Además, se le atribuye haber recibido cantidades en efectivo sin dejar rastro documental, lo que dificulta la trazabilidad de los fondos. En uno de los casos más llamativos, una amiga le transfirió 2.000 euros tras ser informada de un supuesto tumor en la garganta y el esófago, mientras que un conocido de la infancia le entregó 25.000 euros al creer que padecía cinco tipos de cáncer.

El Ministerio Público sostiene que la acusada habría vivido en distintos domicilios de España mientras perpetraba el fraude, utilizando siempre el mismo argumento: la imposibilidad de recibir tratamiento en la sanidad pública. En algunos casos, incluso habría presentado supuestos seguros de vida como aval para obtener préstamos, aunque estos nunca se materializaron. La suegra de la encausada, por ejemplo, denunció haberle transferido 17.510 euros (6.500, 7.000 y 4.010 euros) en tres plazos distintos tras ser convencida de que su nuera sufría cánceres de matriz, ovarios, esófago, intestino, hígado y sangre.

Pese a las evidencias presentadas por la Fiscalía, la defensa de la acusada alegó causas justificadas para su incomparecencia en la primera fecha del juicio, celebrada el pasado 21 de septiembre de septiembre. En esta segunda ocasión, la procesada optó por guardar silencio al término de la sesión, que apenas duró unos minutos. El tribunal, que esperaba un acuerdo para evitar la celebración del juicio, fijó una nueva fecha ante la negativa de la acusada a reconocer los hechos.

Entre las pruebas que maneja la Fiscalía figuran registros de tratamientos estéticos y médicos menores en clínicas privadas, que contrastan con la gravedad de las enfermedades que la acusada decía padecer. Además, se han identificado transferencias bancarias y préstamos solicitados con identidades ajenas, lo que agrava la calificación del delito como estafa agravada.

Las consecuencias para las víctimas y el futuro del caso

Tras entregarle 25.000 euros, el hombre descubrió la verdad a través de un tercero y presentó una denuncia, aunque la acusada negó los hechos cuando fue confrontada.

La Fiscalía no solo reclama la condena de la procesada, sino también la devolución de los 94.300 euros obtenidos fraudulentamente, además de multas que suman 7.200 euros. Asimismo, solicita que se liquiden los intereses generados por los préstamos solicitados con identidades ajenas, una vez que se calculen en ejecución de sentencia. El tribunal deberá determinar, en caso de condena, cómo se repartirán las cantidades entre las diez víctimas identificadas.

El juicio continuará el próximo 12 de noviembre, fecha en la que el tribunal escuchará los testimonios de las víctimas y evaluará las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía. La resolución se espera para antes de finalizar el año, momento en el que se fijarán los plazos para la ejecución de la sentencia y la distribución de las cantidades recuperadas.

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