172 clientes estafados en clínicas de estética de Gran Canaria y Tenerife

La directora general de varias clínicas de tratamientos estéticos en Gran Canaria, de 40 años, y su administrador único, de 50 años, han sido imputados por supuestamente estafar a 172 clientes entre las islas de Gran Canaria y Tenerife. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, ambos habrían cobrado por servicios que nunca llegaron a efectuarse. La causa ha pasado a ser competencia de la Audiencia Nacional.

Todo comenzó en octubre de 2025, cuando una clienta denunció que había contratado diversos tratamientos en una clínica de estética ubicada en Las Palmas de Gran Canaria y que el establecimiento había cerrado de forma repentina sin prestar ninguno de los servicios pagados. Esa primera denuncia abrió la puerta a una investigación que fue creciendo a medida que se sumaban nuevas reclamaciones.

Los investigadores fueron detectando un patrón común entre los afectados: clientes que habían abonado por adelantado o financiado tratamientos de belleza y depilación láser que finalmente nunca recibieron. En total, la Policía Nacional identificó a 172 perjudicados entre ambas islas. De ellos, 40 personas no pudieron disfrutar de ni una sola sesión de las que habían contratado.

La empresa seguía captando clientes pese a sus impagos

Según los resultados de la investigación, los responsables de la empresa habrían continuado ofreciendo, comercializando y cobrando tratamientos de belleza pese a conocer la delicada situación económica del negocio y la imposibilidad real de prestar los servicios. La empresa arrastraba impagos de alquileres y nóminas mientras seguía captando nuevos clientes y obteniendo ingresos.

Esta forma de actuar es la que, según la Policía Nacional, habría permitido que el número de afectados siguiera aumentando durante un tiempo. Los investigadores comprobaron que los responsables tenían pleno conocimiento de que no podían cumplir con los contratos firmados, lo que sustenta los cargos de estafa que se les imputan.

Además de la directora general y el administrador único, la investigación se extiende a otras tres personas relacionadas con estos hechos, cuyos roles concretos no han sido especificados por la Jefatura Superior de Policía de Canarias en su comunicado.

La Audiencia Nacional asume el caso por su alcance nacional

La magnitud del caso ha determinado que la instrucción salga del ámbito regional. La Audiencia Nacional ha asumido la competencia sobre esta causa por tres razones concurrentes: el elevado número de presuntas víctimas, la existencia de numerosas empresas vinculadas al mismo administrador único y la posible afectación en distintos puntos del territorio nacional más allá de las dos islas canarias.

La Audiencia Nacional es el tribunal con sede en Madrid que tiene competencia, entre otros asuntos, sobre delitos cometidos en varios territorios o que por su complejidad superan el ámbito de una sola provincia. Su intervención en este caso indica que los investigadores no descartan que la presunta estafa pueda haber afectado a clientes en otras comunidades autónomas, algo que la investigación en curso deberá determinar.

Para los 172 afectados identificados hasta ahora en Gran Canaria y Tenerife, la asunción del caso por parte de la Audiencia Nacional supone que sus reclamaciones quedan englobadas en un procedimiento único de mayor alcance, lo que puede facilitar la coordinación de las diligencias y la eventual recuperación de las cantidades abonadas si la instrucción así lo determina.

Quienes crean haber sido víctimas de esta presunta estafa y no hayan presentado aún denuncia ante la Policía Nacional pueden hacerlo en cualquier comisaría del territorio nacional. Cuantas más denuncias queden formalmente registradas, más completo será el cuadro de perjudicados que manejará la Audiencia Nacional a la hora de instruir la causa.

La investigación sigue abierta. La Jefatura Superior de Policía de Canarias no ha precisado si los dos principales imputados se encuentran en libertad con cargos o si se han adoptado otras medidas cautelares, ni ha facilitado más detalles sobre las empresas vinculadas al administrador que están siendo objeto de análisis en el marco de esta causa.