Cinco años de cárcel para la consejera del Cabildo: el fraude en las Jornadas del Paisaje destapa una red de contratos amañados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la apertura de juicio oral contra la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y otros seis cargos y empresarios por presuntas irregularidades en la organización de las Jornadas del Paisaje entre 2016 y 2019. El fiscal Javier Ródenas reclama penas de hasta cinco años de cárcel y diez de inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos, fraude en la administración y prevaricación administrativa.

Según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, los acusados habrían orquestado un sistema para adjudicar contratos menores sin publicidad suficiente, lo que habría impedido que otras empresas presentaran ofertas.

La investigación se centra en los eventos celebrados entre 2016 y 2019, donde se detectó que gran parte del dinero abonado por el Cabildo a dos empresas terminó en Imaco Imaco 89, una mercantil administrada por la esposa del entonces interventor general del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia. En concreto, de los 67.217,40 que el Cabildo pagó al Instituto Canario de Telecomunicaciones, 44.503,75 euros acabaron en Imaco Imaco 89. Asimismo, de los 14.950 abonados a Yedra Comunicación por las jornadas de 2019, 14.924,24 euros fueron a parar a la misma empresa.

El juez también aprecia un perjuicio para las arcas públicas de al menos 11.000 euros relacionado con el reparto de patrocinios de los eventos. En su auto, conocido el pasado 3 de octubre, se detallan indicios de que los acusados habrían concertado un plan para predeterminar las adjudicaciones, evitando así la competencia en los procesos de contratación.

El fiscal Javier Ródenas ha detallado en su escrito de 97 folios las penas que solicita para cada uno de los acusados. Para la consejera Inés Miranda, el entonces interventor general José Juan Sánchez Arencibia, y los directores de Política Territorial y del Desarrollo Estratégico del Plan Insular de Ordenación, Rafael Pedrero y Víctor Quevedo, reclama cinco años de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público.

En el caso de la administradora de Imaco Imaco 89, María Ángeles Horna, y del periodista y empresario Míchel Jorge Millares, la Fiscalía pide también cinco años de cárcel, además de seis años de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y disfrutar de beneficios fiscales. Para José Juan Sánchez Arencibia, el fiscal solicita dos años de prisión, una multa de 10.950 euros y siete años de inhabilitación especial.

El entonces interventor general, Sánchez Arencibia, habría utilizado su posición para beneficiar a su esposa, quien administraba Imaco Imaco 89.

El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación. En un comunicado emitido tras conocerse el auto judicial, la corporación insular aseguró que «respetará en todo momento el proceso judicial y aportará toda la documentación necesaria para esclarecer los hechos».

Los acusados disponen ahora de un plazo de 10 días para formular sus alegaciones antes de que el juez decida si procede la apertura de juicio oral.

El próximo paso en este proceso judicial será la presentación de las alegaciones por parte de los acusados. Mientras tanto, el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que revisará sus protocolos de contratación para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro.