El Supremo frena el voto de miles de nietos de exiliados: ¿quiénes podrán votar en las próximas elecciones?

El Tribunal Supremo ha paralizado de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de miles de personas nacionalizadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos’, que no puedan acreditar el exilio de sus familiares. La medida, adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, bloquea tanto a los nuevos solicitantes como a quienes ya estaban inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), impidiéndoles ejercer su derecho al voto en las próximas convocatorias electorales.

La resolución, que responde a un recurso presentado por Vox y la formación Iustitia Europa, distingue dos supuestos. Por un lado, frena la inscripción de quienes completen el trámite de nacionalidad a partir de ahora, una suspensión que se mantendrá hasta que se resuelvan los recursos interpuestos. Por otro, anula los efectos electorales para quienes ya figuraban en el censo CERA, lo que les impedirá votar mientras no haya una sentencia firme. La única excepción contemplada beneficia a aquellos que presenten una certificación consular que demuestre, de forma explícita, el exilio de sus progenitores o abuelos por motivos políticos, ideológicos o de creencia.

¿Por qué el Supremo ha tomado esta decisión sobre la ‘ley de nietos’?

El conflicto jurídico tiene su origen en una instrucción dictada en octubre de 2022 por el Ministerio de Justicia, que flexibilizó los requisitos para obtener la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. El texto, firmado por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, establecía que bastaba con acreditar la salida de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para presumir la condición de exiliado, sin necesidad de probar una persecución concreta.

Esta interpretación generó división en la Junta Electoral Central (JEC), que en julio de este año se declaró incompetente para fiscalizar las nacionalizaciones. Sin embargo, cuatro de sus trece miembros firmaron un voto particular en el que denunciaron un aumento «formidable e irreversible» del censo electoral que consideraban contrario a la ley. La Abogacía del Estado, por su parte, se opuso a la suspensión cautelar, argumentando que afectaba al derecho de sufragio activo.

El auto del Tribunal Supremo, adoptado con el voto en contra de uno de los seis magistrados de la Sala, contradice este criterio y prioriza la cautela hasta que se resuelva el fondo del asunto. Vox e Iustitia Europa alegaron que la instrucción de 2022 alteraba de forma irregular el censo CERA, un argumento que el alto tribunal ha considerado suficiente para paralizar los efectos electorales de la norma.

El impacto de la suspensión en Canarias y el voto exterior

La medida tiene un impacto directo en el Archipiélago, una de las comunidades autónomas con mayor peso de votantes en el exterior. Canarias cuenta con una amplia diáspora, especialmente en países de Latinoamérica, donde residen miles de descendientes de canarios que emigraron durante el siglo XX.

La paralización judicial, por tanto, deja en el aire el derecho al voto de un colectivo significativo, al menos hasta que se resuelva el recurso.

La resolución del Supremo también plantea interrogantes sobre el futuro de la Ley de Memoria Democrática y su aplicación.

Para los afectados, la única vía para recuperar su derecho al voto pasa por obtener una certificación consular que acredite el exilio de sus familiares.

Mientras tanto, el Gobierno y los partidos políticos han evitado pronunciarse de forma contundente sobre la resolución. Fuentes del Ministerio de Justicia han señalado que respetan la decisión judicial, pero recuerdan que la instrucción de 2022 buscaba agilizar los trámites y reparar una deuda histórica con los descendientes de exiliados. Por su parte, Vox ha celebrado el auto como una «victoria contra el fraude electoral», mientras que partidos como PSOE y Podemos han criticado la medida por considerar que «limita derechos fundamentales».

Lo que está claro es que la suspensión cautelar abre un nuevo frente en el debate sobre la ‘ley de nietos’ y su impacto en el censo electoral. Con las próximas elecciones autonómicas y generales en el horizonte, el tiempo apremia. Los afectados, por su parte, tendrán que esperar a que el Tribunal Supremo resuelva el fondo del asunto para saber si podrán ejercer su derecho al voto o si, por el contrario, quedarán excluidos del proceso democrático.