Canarias llevará al Supremo al Gobierno si no asume el triaje de menores migrantes
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, advierte que el Estado "no actúa" y rechaza que la solución sea financiar un servicio que, según la ley europea, es competencia estatal. El hacinamiento en los centros aumenta mientras el Gobierno central deriva la responsabilidad a las autonomías.
El Gobierno de Canarias recurrirá al Tribunal Supremo si el Estado no asume el triaje de los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas, una competencia que, según la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, corresponde al Gobierno central por mandato europeo. La advertencia llega tras una reunión con la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, en la que Delgado denunció que el Ejecutivo estatal «no actúa» y se limita a ofrecer financiación para un servicio que, a su juicio, debe gestionar directamente.
Delgado, que compareció ante los medios tras el encuentro, subrayó que la sensación que se lleva de cada reunión con representantes del Estado es la misma: «Si no es por la justicia, no actuamos». La consejera insistió en que el pacto de migración y asilo de la UE deja claro que el triaje —el proceso de identificación y evaluación inicial de los menores— es responsabilidad estatal, y no una competencia delegable a las comunidades autónomas. «No es una cuestión de dinero», remarcó, recordando que, desde la reforma de la ley de extranjería, los gastos de atención a estos menores ya corren a cargo del Estado.
Según Delgado, el texto establece que el triaje debe ser realizado por el Estado en los territorios frontera, aunque admite que podría llevarse a cabo en la Península si así se acuerda. Sin embargo, la consejera lamentó que «nadie» se haya sentado con las comunidades autónomas para perfilar esta colaboración, más allá de algunos acuerdos puntuales con Ceuta.
La ministra de Migraciones, Elma Sáiz, habría trasladado a Delgado que la cuestión deberá «dilucidarla la justicia», una postura que la consejera calificó de evasiva. Ante esta situación, el Gobierno canario ya ha presentado un primer requerimiento ante la Delegación del Gobierno en las islas y anunciará un segundo paso ante el Estado antes de acudir al Supremo. «Canarias no va a permitir que se vulneren los derechos de estos menores», advirtió Delgado, quien recordó que ya recurrieron con éxito en el pasado por la atención a menores solicitantes de asilo.
El hacinamiento en los centros de acogida de menores migrantes ha vuelto a aumentar en las últimas semanas, según la consejera. Las llegadas recientes de embarcaciones han obligado a evaluar, por ejemplo, si los menores son solicitantes de asilo internacional, un proceso que ralentiza su derivación a otros centros.
La figura del defensor del menor y la colaboración entre administraciones
Otro de los puntos de fricción es la falta de definición de la figura del defensor del menor, una figura que, según el pacto europeo, debe garantizar los derechos de los migrantes no acompañados. Delgado criticó que el Gobierno central no haya adaptado en dos años el cumplimiento del acuerdo y reprochó que se estén «pasando la pelota de un ministerio a otro» cuando existe un mando único en materia migratoria, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres.
La consejera no descartó la colaboración del archipiélago en momentos puntuales, pero dejó claro que «colaborar no es llevar el peso» ni asumir una competencia que no les corresponde. «Hay que sentarse a hablar y definir, por ejemplo, qué figura es la del defensor del menor», señaló.
Delgado evitó mencionar directamente esta resistencia, pero insistió en que «los derechos de estos menores no pueden esperar".
«Si no es por la justicia, no actuamos. Nosotros necesitamos respuesta y la necesitamos ya, porque mientras tanto los derechos de estos menores se siguen vulnerando y Canarias no lo va a permitir.»
Candelaria Delgado·consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias
La consejera cerró su intervención con un mensaje claro: el Gobierno canario agotará todas las vías legales para que el Estado asuma sus responsabilidades. Mientras tanto, el archipiélago sigue siendo la principal puerta de entrada de menores migrantes no acompañados en España, una realidad que exige soluciones urgentes y coordinadas entre todas las administraciones.