Canarias crea una oficina técnica para salvar a los municipios pequeños de las multas por aguas residuales
El Gobierno de Canarias impulsará una oficina de apoyo técnico a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para cumplir con la nueva directiva europea de saneamiento, que entrará en vigor en 2027 y endurecerá las exigencias ambientales.
El Gobierno de Canarias pondrá en marcha una oficina técnica de apoyo a los municipios, sobre todo a los de menor población para ayudarlos a cumplir con las nuevas exigencias europeas en saneamiento y depuración de aguas residuales.
Miranda explicó que las competencias en esta materia recaen, en líneas generales, sobre los ayuntamientos, aunque en el caso de los municipios con menos de 20.000 habitantes, la ley establece que sean los consejos insulares quienes asuman esta responsabilidad. Sin embargo, el consejero reconoció que muchos de estos municipios carecen de los recursos económicos y humanos necesarios para cumplir con las nuevas obligaciones, que se endurecerán significativamente con la entrada en vigor de la normativa europea.
La directiva Directiva europea 2024/3019, actualmente en periodo de alegaciones, rebajará los mínimos de población obligados a depurar aguas residuales en todo el territorio europeo. Miranda señaló que esta medida no tiene en cuenta las condiciones especiales del Archipiélago, como la existencia de redes de colectores en medianías y núcleos dispersos, los kilómetros de conducciones necesarios, los bombeos y las afecciones a barrancos y espacios protegidos. «Canarias comparte plenamente los objetivos ambientales de la Directiva, no pedimos menos protección, ni excepciones generales, pero sí un régimen de aplicación propio, motivado y verificable», declaró.
El consejero detalló que el Gobierno de Canarias ya ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la necesidad de un tratamiento diferenciado para las Regiones Ultraperiféricas (RUP), como Canarias, amparado en el artículo 349 del Tratado fundacional de la Unión Europea. Entre las peticiones realizadas se incluye la incorporación de una disposición adicional en la directiva que atienda a las especificidades de las RUP, el diseño de un Plan Canario de adaptación a la normativa, el análisis de sistemas individuales de saneamiento y depuración como solución para la dispersión poblacional, y la elaboración de un calendario realista con una ficha financiera adecuada.
Miranda también anunció que, además de las reuniones mantenidas con el MITECO, se llevarán a cabo encuentros con los consejos insulares para coordinar esfuerzos. La nueva oficina técnica de apoyo a los municipios funcionará de manera similar a la que ya se implantó con éxito en el ámbito técnico-urbanístico, proporcionando asistencia a los ayuntamientos de menor población para impulsar políticas en materia de saneamiento y depuración.
Proyectos en marcha y ejemplos concretos de saneamiento en Canarias
Mientras se desarrolla este proceso, el Gobierno de Canarias gestiona alrededor de 70 millones de euros en proyectos estratégicos de saneamiento y depuración en todas las islas. Estos fondos, procedentes de diferentes administraciones, permitirán mejorar los sistemas existentes y avanzar en el cumplimiento de la normativa. Entre los proyectos destacados se encuentran el nuevo sistema de saneamiento en La Graciosa, Playa Blanca (Lanzarote), Puerto del Rosario (Fuerteventura), San Blas (Tenerife), El Paso (La Palma), El Cotillo (Fuerteventura) y Valle Gran Rey (La Gomera).
Miranda subrayó que la creación de esta oficina técnica es un paso más en el compromiso del Gobierno de Canarias con la mejora del saneamiento y la depuración en el Archipiélago. «Se trata de garantizar que todos los municipios, independientemente de su tamaño, puedan cumplir con las exigencias europeas y proteger nuestro medio ambiente», afirmó.
En este sentido, la oficina técnica de apoyo a los municipios jugará un papel clave en la adaptación de los sistemas existentes a estos nuevos estándares, asegurando que Canarias cumpla con las exigencias ambientales sin comprometer su desarrollo sostenible.