Santa Cruz activa su Zona de Bajas Emisiones: 18 meses sin multas para adaptarse
El Ayuntamiento publica la normativa en el BOP y da 15 días para que entre en vigor la fase informativa, que no aplicará restricciones ni sanciones hasta 2028.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha completado la tramitación de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la publicación de la normativa en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) este lunes 24 de agosto. Sin embargo, la medida no entrará en vigor de forma inmediata, sino que contará con un periodo informativo de 18 meses sin restricciones ni sanciones.
La fase informativa comenzará una vez transcurridos los 15 días legales desde la publicación en el BOP. Durante este plazo, que se extenderá hasta principios de 2026, los conductores podrán circular con normalidad por el área afectada, mientras el Consistorio desarrolla acciones para dar a conocer los detalles de la regulación.
Objetivos del periodo informativo
El Ayuntamiento ha diseñado esta etapa con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, informar a la ciudadanía sobre las condiciones de acceso a la ZBE, incluyendo los horarios de aplicación y las excepciones previstas. En segundo lugar, facilitar una adaptación progresiva antes de que comiencen a aplicarse las restricciones definitivas.
Durante estos 18 meses, se mantendrán las condiciones actuales de circulación en la ciudad. El Consistorio aprovechará este tiempo para realizar campañas divulgativas que expliquen el funcionamiento de la zona, aunque no se han detallado aún los canales específicos que se utilizarán para esta comunicación.
Próximos pasos en la implantación
La publicación en el BOP marca el inicio formal del proceso, pero la aplicación efectiva de las restricciones no llegará hasta después del periodo informativo. El Ayuntamiento ha confirmado que no se impondrán sanciones durante esta fase, centrada exclusivamente en la concienciación y preparación de los ciudadanos.
La ZBE de Santa Cruz de Tenerife forma parte de las medidas incluidas en la normativa estatal que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer estas zonas. Con este paso, la capital tinerfeña avanza en su plan de mejora de la calidad del aire, aunque con un calendario más flexible que otras ciudades españolas.