Turistas bañandose en mierda en Canarias: no pasa nada
Los emisarios clandestinos siguen contaminando las aguas del archipiélago sin que las sanciones disuadan a los responsables. El turismo y la biodiversidad marina pagan el precio.
Hay algo que los folletos turísticos de Canarias nunca muestran: el fondo marino junto a ciertos emisarios costeros, donde la vida se ha retirado. No hay peces, no hay algas sanas, no hay el azul que venden las agencias de viajes. Hay residuos, espumas y un olor que los bañistas reconocen antes de ver el cartel de playa cerrada. Los vertidos ilegales llevan años castigando las costas del archipiélago y la respuesta institucional sigue sin estar a la altura del problema.
Los emisarios clandestinos, tuberías que descargan aguas residuales sin tratar directamente al océano, no son una novedad en Canarias. Tampoco lo son las denuncias de ecologistas, pescadores y operadores turísticos que ven cómo su medio de vida se degrada temporada tras temporada. Lo que sí resulta llamativo es que, a pesar de la normativa europea y de la fiscalización ambiental, estos vertidos continúen produciéndose con una regularidad que ya no sorprende a nadie en los municipios costeros afectados.
¿Cuántas playas han tenido que cerrarse en los últimos años por contaminación bacteriológica vinculada a estos focos? Las cifras exactas varían según el organismo que las facilite, pero la tendencia no engaña: los cierres preventivos se han convertido en una constante veraniega en puntos del litoral que deberían lucir en los primeros puestos de las guías de viaje.
El turismo, primera víctima visible de la contaminación costera
Canarias recibe cada año a millones de visitantes que eligen el archipiélago, entre otras razones, por la calidad de sus aguas. Ese activo natural no es eterno ni se regenera solo. Cuando un turista llega a una playa balizada con prohibición de baño, no solo pierde una tarde de sol: transmite esa experiencia en sus redes sociales, en sus reseñas de Google, en la conversación del vuelo de regreso. El daño reputacional se acumula de forma lenta pero sostenida.
En el contexto africano y atlántico en el que se sitúa Canarias, la gestión del litoral tiene una dimensión adicional. Países como Senegal o Marruecos han aprendido a costa de sus propios errores que la contaminación costera no es solo un problema ambiental: es un problema económico de primera magnitud que tarda décadas en revertirse. Las islas tienen esa lección disponible antes de repetirla.
Más allá de eso, el impacto no se limita al turismo de sol y playa. La pesca artesanal, que en muchos municipios costeros sigue siendo un sustento real para familias enteras, acusa la contaminación de forma directa. Cuando el agua no está en condiciones, los caladeros próximos al litoral pierden rentabilidad y los pescadores locales absorben un coste que no generaron.
Por qué persiste el problema cuando existe normativa para atajarlo
La Directiva Marco del Agua de la Unión Europea y la legislación española de costas establecen obligaciones claras sobre el tratamiento de aguas residuales antes de su vertido al mar. El marco legal existe. Lo que falla, según señalan reiteradamente las organizaciones ambientales, es la capacidad o la voluntad de aplicarlo con rigor.
Las infraestructuras de saneamiento en algunas zonas del archipiélago acusan décadas de inversión insuficiente. Hay municipios que han crecido urbanísticamente a un ritmo que sus redes de depuración nunca acompañaron. El resultado es una presión sobre el litoral que ni las mejores intenciones normativas pueden corregir sin inversión real y sostenida.
La responsabilidad se distribuye entre administraciones: cabildos, ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y el Estado central comparten competencias en materia de agua, costas y medio ambiente. Ese reparto, cuando no está bien coordinado, genera zonas de sombra donde nadie responde con claridad por los vertidos que se producen a pocos metros de una playa que aparece en los carteles del aeropuerto.
No basta con multar cuando ya se ha vertido. La prevención, la inversión en infraestructuras de saneamiento y la vigilancia continua del litoral son las únicas respuestas que tienen algún sentido a medio plazo. Canarias no puede permitirse que la imagen de sus aguas dependa del azar o de la temporada de lluvias. Las islas viven, en buena medida, de ese mar. Y ese mar, por ahora, sigue esperando que alguien lo trate como merece.