Clavijo reconoce que el Gobierno canario actúa como una inmobiliaria: 20.000 viviendas en cartera

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha admitido este martes que su ejecutivo actúa como «una inmobiliaria», en respuesta a las críticas de la oposición durante la sesión de control en el Parlamento regional. Clavijo justificó esta afirmación al detallar que el Gobierno autonómico tiene más de 20.000 viviendas en cartera destinadas a colectivos desfavorecidos y que lidera la construcción de vivienda en España, según datos del Banco de España.

El debate surgió después de que el portavoz socialista, Sebastián Franquis, acusara al Gobierno de Canarias de operar como «medianero de los intereses privados» del sector inmobiliario. Franquis reprochó a Clavijo que, tras 38 meses de mandato, las familias canarias sigan enfrentándose a subidas en los precios de alquiler y compra de vivienda, y criticó la negativa del ejecutivo a limitar las subidas de alquiler pese a disponer de instrumentos legales para ello.

4.000 viviendas públicas en construcción y un plan para limitar la compra a extranjeros

Clavijo respondió a las críticas con cifras concretas: actualmente hay 4.000 viviendas públicas en construcción, financiadas con presupuestos aprobados por su Gobierno, y anunció que en 2026 se terminarán 7.500 viviendas privadas. El presidente destacó que estas obras se han impulsado con el voto en contra del PSOE y subrayó que las medidas adoptadas han puesto en evidencia la «nula gestión» del anterior Gobierno regional y del ejecutivo central en materia de vivienda.

«Por supuesto que el Gobierno de Canarias es una inmobiliaria, porque tenemos más de 20.000 viviendas en cartera para los más desfavorecidos.»

Fernando Clavijo·presidente del Gobierno de Canarias

La oposición acusa al Gobierno de alinearse con el sector privado

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, instó a Clavijo a decidir entre «los especuladores» y quienes no pueden acceder a una vivienda. Además, acusó al Gobierno de promover medidas en colaboración con la patronal de la construcción y las inmobiliarias.

Clavijo replicó que, durante la etapa de Campos al frente de la Vicepresidencia y Hacienda, Nueva Canarias negó recursos a Visocan —la empresa pública de vivienda— para construir pisos protegidos. El presidente contraargumentó que las 4.000 viviendas públicas en construcción contrastan con las «cero» que, según él, se construyeron en la legislatura anterior. También defendió que su Gobierno está del lado de los inquilinos, pero sin perjudicar a los pequeños propietarios, ya que el 92 % de los propietarios en Canarias posee una o dos viviendas.

Por su parte, el portavoz de Vox, Nicasio Galván, criticó el decreto estatal de vivienda apoyado por Coalición Canaria, al que acusó de «atacar la propiedad privada» y de haber provocado la retirada de inmuebles del mercado. Galván propuso liberalizar el suelo, reducir la burocracia y bajar impuestos, que, según él, representan el 30 % del precio final de una vivienda. Clavijo respondió que el decreto buscaba proteger a inquilinos y pequeños propietarios ante el vencimiento de contratos prorrogados durante la pandemia.