Comer en Canarias ya es un lujo para ricos

Canarias tiene volcanes, sol y una huerta envidiable. Tiene papas de La Palma, plátanos de Tenerife, tomates de Gran Canaria y atún fresco a veinte minutos del muelle. Y aun así, llenar el carrito del supermercado cada semana sale más caro aquí que en casi cualquier ciudad de la Península. Eso no es una paradoja. Es una política.

No hace falta ser economista para notarlo. Basta con comparar el ticket del Mercadona de La Laguna con el de cualquier ciudad andaluza o valenciana. Los alimentos básicos cuestan aquí entre un 10% y un 15% más, según los propios datos del Instituto Nacional de Estadística. En algunos productos frescos, la brecha es aún mayor. Y eso que los estamos produciendo nosotros mismos.

Aquí está el nudo de la cuestión. El archipiélago no es un desierto alimentario. Produce, y produce bien. Pero entre la finca y la estantería del supermercado hay una cadena de intermediarios, costes logísticos insulares y márgenes comerciales que devoran cualquier ventaja competitiva que pudiera tener el producto local. Al final, la papas arrugadas que come una familia de Santa Cruz de Tenerife el domingo puede haber viajado más que el turista alemán que las fotografía en el restaurante de al lado.

La ultraperificidad como excusa permanente

La condición de región ultraperiférica de la Unión Europea le da a Canarias acceso a ciertos fondos y regímenes especiales. El REF, el Régimen Económico y Fiscal, lleva décadas siendo el paraguas teórico bajo el que se gestionan las particularidades fiscales del archipiélago. Pero una cosa es tener instrumentos y otra muy distinta es utilizarlos para abaratar la cesta de la compra del ciudadano de a pie.

Desde Madrid, el silencio sobre este asunto es casi ensordecedor. No hay una línea de ayudas directas al consumo alimentario comparable a lo que otras regiones europeas con condiciones similares han logrado negociar. No hay bonificaciones reales en el transporte de alimentos de producción local que lleguen al precio final. No hay mecanismo que garantice que lo que sale de una finca de Güímar llegue al mercado de Santa Cruz más barato que lo que viene en barco desde Valencia.

¿El resultado? Que comer bien en Canarias se está convirtiendo en un privilegio. No en sentido metafórico, sino literal. Una familia de cuatro personas puede gastarse entre 150 y 200 euros semanales en alimentación básica si quiere comer con cierta calidad. Quien no llega a esa cifra tiene que elegir: menos fruta fresca, menos pescado, más ultraprocesados. El mismo dilema que en cualquier ciudad pobre del mundo, pero aquí con el océano lleno de peces y la tierra llena de cultivos.

Producción propia que no se traduce en precios justos

Lo más irritante del asunto es que la solución no está lejos. Está, literalmente, en el campo de al lado. El problema no es que Canarias no produzca. Es que no hay una política seria de circuitos cortos de distribución, de compra pública de producto local, de apoyo a las cooperativas agrícolas que podrían saltarse la cadena de intermediarios y llegar directamente al consumidor.

Mientras tanto, en el lineal del supermercado conviven tomates de Almería con tomates de Gran Canaria al mismo precio o más caros los de aquí, porque el agricultor canario no tiene con qué competir en escala. El plátano de Canarias, protegido por su denominación, aguanta el tipo en el mercado nacional. Pero no es el único producto que merece esa protección, ni el único consumidor que merece ese esfuerzo.

No se trata de romantizar la agricultura local ni de pedir que volvamos a la subsistencia. Se trata de algo mucho más concreto: que las administraciones, tanto la autonómica como la estatal y la insular, pongan sobre la mesa medidas reales para que el coste de alimentarse en estas islas no sea un factor más de desigualdad. Porque ahora mismo lo es. Y cada semana que pasa sin una respuesta, la cesta de la compra le recuerda a mucha gente que vivir en el paraíso tiene un precio que no todo el mundo puede pagar.