Canarias teme convertirse en «cárcel» migratoria con el nuevo pacto de la UE

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria han expresado una misma alarma: que el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), en vigor desde el 12 de junio de 2026, pueda dejar a las islas como territorio de contención sin los recursos ni la corresponsabilidad institucional necesarios para garantizar una acogida digna. La advertencia llegó este lunes desde distintas voces, pero con un denominador común: Canarias no puede seguir gestionando sola la frontera sur de Europa.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, fue el primero en fijar la posición del Gobierno tras la reunión del Consejo de Gobierno. Sus palabras no dejaron margen para la ambigüedad: el archipiélago mantiene «muchas más dudas que certezas» sobre cómo se aplicará el nuevo marco comunitario. Cabello recordó que el PEMA «va a establecer cómo se va a seguir trabajando en materia migratoria en el conjunto de los próximos años» y subrayó que Canarias necesita respuestas concretas sobre su papel como territorio de llegada. Sin esas respuestas, insistió, las islas no pueden seguir asumiendo en solitario una responsabilidad que corresponde también al Estado y a la Unión Europea.

Cabello reclamó además que se reconozca la «singularidad» de Canarias como frontera sur de Europa. En ese contexto, el portavoz aprovechó para vincular la advertencia institucional al mensaje lanzado por el papa León XIV durante su visita al archipiélago, que coincidió con la entrada en vigor del pacto. Cabello expresó su deseo de que las palabras del pontífice «hayan calado hondo en el Gobierno del Estado y en la ministra» para que se pase «de la foto y la visita a la acción y la decisión política».

«Europa con el PEMA no sale bien parada»

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, fue aún más directo. Sus declaraciones se produjeron en el acto de presentación de la memoria anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en la institución insular. Morales calificó el pacto como «un documento rígido» y no ahorró críticas al conjunto de la respuesta comunitaria.

«Europa con el PEMA no sale bien parada. Puede convertir los territorios insulares en islas cárceles si no se acompaña de recursos, corresponsabilidad institucional y valentía política.»

Antonio Morales·Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Morales defendió que Gran Canaria es una isla de acogida, aunque insistió en que «garantizar una acogida digna» exige medios suficientes. A su juicio, la voluntad política de acoger debe ir acompañada de recursos económicos tanto de origen estatal como europeo, y no puede recaer todo el peso sobre los territorios fronterizos, precisamente los más expuestos a las llegadas.

CEAR: «Más control, más deportaciones y menos protección»

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado coincidió en el diagnóstico. Su coordinador territorial en el archipiélago, Juan Carlos Lorenzo, afirmó que el PEMA marcará «un antes y un después» en la política migratoria y de asilo de la Unión Europea. Lorenzo lamentó que Bruselas quiera «externalizar las fronteras y el retorno» y denunció que el nuevo pacto se apoya en una lógica de «más control, más deportaciones y menos protección» a las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Según CEAR, el nuevo marco europeo desplaza el peso de la gestión migratoria hacia terceros países y hacia los territorios de frontera, los más expuestos a las llegadas y con más dificultades para ofrecer una respuesta adecuada. Ante ese escenario, la organización pidió que España aproveche que todavía no ha actualizado su ley de asilo para reformarla con un enfoque garantista frente al endurecimiento que impone el PEMA.

Sin embargo, Lorenzo admitió que ve complicado que esa modificación pueda salir adelante en la legislatura actual, pese a considerar necesario que el Estado refuerce las garantías de protección internacional. La coincidencia entre el Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria y CEAR en un mismo acto subraya la magnitud de las incertidumbres que rodean la aplicación del nuevo pacto en Canarias, un territorio que lleva años reclamando que su situación como frontera exterior de Europa sea tratada como una responsabilidad compartida y no como un problema local.

El acto de presentación de la memoria anual de CEAR en el Cabildo de Gran Canaria sirvió, de facto, como primer escenario de debate público sobre las consecuencias del PEMA para el archipiélago. La entrada en vigor del pacto el pasado 12 de junio abre ahora un período de desarrollo normativo en el que Canarias intentará hacer valer su posición ante el Estado y ante las instituciones comunitarias. La corporación insular y el Ejecutivo autonómico han anunciado que seguirán reclamando recursos y corresponsabilidad mientras se concretan los mecanismos de aplicación del nuevo marco europeo.