73 años y dos condenas: el hombre que volvió a abusar de una niña en Santa Cruz

Los hechos ocurrieron en octubre de 2021, cuando la niña, que entonces tenía 11 años, jugaba con amigos cerca de su casa.

El procesado, que ya había sido condenado anteriormente a ocho años de cárcel por un delito de naturaleza similar, se acercó a la menor y le pidió que se acercara. Según la sentencia, se colocó detrás de ella y comenzó a tocarle los pechos y glúteos por encima de la ropa, advirtiéndole después que no contara nada a sus padres. La víctima, visiblemente afectada, relató lo ocurrido a sus progenitores tiempo después, lo que desencadenó la denuncia.

La credibilidad de la víctima, clave en la sentencia

Durante el juicio, el acusado negó los hechos, aunque reconoció haber tocado los hombros de la niña, alegando que solo le pedía que se escondiera mientras jugaban al escondite. Sin embargo, la Sala dio plena credibilidad al testimonio de la menor, respaldado por informes psicológicos que calificaron su relato como «probablemente creíble» en una escala de cinco puntos. Además, se destacó que la niña mostró cambios significativos en su comportamiento tras el incidente: lloraba con frecuencia, su rendimiento escolar bajó y tuvo problemas con sus compañeros.

La sentencia también desestimó los argumentos de la defensa, que intentó atribuir la acusación a un posible interés económico de la familia. La Audiencia señaló que los padres no solicitaron compensación alguna de manera inmediata y que su situación económica no era boyante, lo que restaba verosimilitud a esa teoría.

En este caso, el acusado cumplió una pena de ocho años por un delito similar, lo que demuestra un patrón de conducta que el tribunal no pasó por alto.

Medidas adicionales y consecuencias legales

Además de la pena de prisión, el tribunal ha impuesto una serie de medidas que el condenado deberá cumplir tras su puesta en libertad. Entre ellas, destaca una orden de alejamiento de 200 metros de la menor durante cinco años, así como el pago de una indemnización de 7.000 euros por los daños morales ocasionados. La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de cinco años de prisión y una indemnización de 3.000 euros, mientras que la acusación particular pedía cuatro años y un día de cárcel y 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El procedimiento judicial estuvo paralizado desde la presentación de la denuncia en 2021 hasta 2024, cuando la Fiscalía presentó su escrito de acusación. La sentencia subraya que, al haber ocurrido los hechos antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el delito fue calificado como abuso sexual, aunque se reconoció el ánimo libidinoso del acusado y la imposibilidad de la menor para consentir debido a su edad.

Esta normativa eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual, estableciendo que cualquier acto sexual sin consentimiento explícito se considera agresión. Sin embargo, al haberse cometido los hechos en 2021, el tribunal aplicó la legislación vigente en ese momento, que diferenciaba entre ambos tipos penales.

La condena ha reabierto el debate sobre la reincidencia en delitos sexuales contra menores y la necesidad de medidas más efectivas para proteger a las víctimas. Mientras tanto, la familia de la menor ha expresado su alivio tras la resolución del caso, aunque reconocen que el proceso ha dejado secuelas emocionales difíciles de superar.

Recursos y apoyo para víctimas de delitos sexuales

Para las familias que enfrentan situaciones similares, existen recursos institucionales que pueden ofrecer apoyo legal y psicológico. En Canarias, el Instituto Canario de Igualdad proporciona asistencia a víctimas de violencia de género y delitos sexuales, incluyendo orientación jurídica y acompañamiento durante los procesos judiciales. Además, el Ministerio Fiscal cuenta con unidades especializadas en la protección de menores, que pueden intervenir en casos de abuso.

Las víctimas también pueden acudir a asociaciones como Fundación ANAR, que ofrece un teléfono gratuito de ayuda a niños y adolescentes (900 20 20 3) disponible las 24 horas. Este servicio, confidencial y especializado, permite a los menores y a sus familias recibir asesoramiento inmediato en situaciones de riesgo.

En el ámbito educativo, los centros escolares están obligados a notificar cualquier indicio de abuso sexual a las autoridades competentes, tal como establece el Protocolo de Actuación ante Situaciones de Abuso Sexual Infantil del Gobierno de Canarias. Este documento, disponible en la web de la Consejería de Educación, detalla los pasos a seguir para garantizar la protección de los menores y la colaboración con los órganos judiciales.

Próximos pasos y canales oficiales

Sin embargo, la defensa aún tiene la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque las posibilidades de éxito son limitadas dado el peso de las pruebas presentadas durante el juicio.

Para las familias que deseen seguir el estado de los procedimientos judiciales, el Poder Judicial ofrece un servicio de consulta pública de sentencias a través de su página web. Además, el Ministerio de Justicia proporciona información sobre los plazos y trámites relacionados con la ejecución de penas, incluyendo las medidas de alejamiento y las indemnizaciones por daños morales.

En casos como este, es fundamental que las víctimas y sus familias conozcan sus derechos y los recursos disponibles. La justicia no solo busca castigar al culpable, sino también reparar el daño causado y garantizar que los menores puedan recuperarse en un entorno seguro. La condena, aunque tardía, supone un paso importante en ese camino.