Sin el voto de los ‘nietos: ¿quién podrá votar el 29N?

El Tribunal Supremo ha puesto contra las cuerdas la Ley de Nietos al dar solo 24 horas a las partes para presentar alegaciones sobre la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de enviar documentación electoral a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a las elecciones del 29 de noviembre. La providencia, emitida este lunes, fija como límite las 15:00 horas de este miércoles para que la Abogacía del Estado, la Fiscalía, Vox e Iustitia Europa expongan sus argumentos.

La JEC, en su acuerdo 321/670 del pasado 16 de octubre, ordenó el envío de la documentación electoral a todos los inscritos en el CERA, pero con una advertencia clave: no todos podrán ejercer su derecho al voto. La razón es la suspensión cautelar dictada por el Supremo, que afecta específicamente a aquellos que hayan adquirido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. El objetivo de la JEC era garantizar que la documentación llegara a quienes sí tienen derecho a votar, evitando así posibles confusiones o retrasos.

Sin embargo, la medida ha generado un conflicto legal. Iustitia Europa, uno de los partidos personados en el proceso, ha registrado un escrito en el que reclama al Supremo que advierta sobre posibles delitos electorales si los afectados por la suspensión intentan votar. Además, pide que se suspendan los efectos electorales y las operaciones de voto para todos aquellos que hayan obtenido la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática, exceptuando únicamente a quienes hayan sido individualmente exceptuados mediante la certificación prevista por el tribunal.

Desde su entrada en vigor, miles de personas en el extranjero, especialmente en América Latina, han solicitado y obtenido la nacionalidad al amparo de esta normativa. Sin embargo, su aplicación ha sido objeto de controversia, especialmente en el ámbito electoral, donde su suspensión cautelar ha generado incertidumbre entre los potenciales votantes.

¿Quiénes podrán votar el 29N tras el auto del Supremo?

El plazo de 24 horas impuesto por el Supremo es inusualmente breve para un proceso de estas características, lo que refleja la urgencia del asunto. Las partes personadas, Abogacía del Estado, Fiscalía, Vox e Iustitia Europa, deberán presentar sus alegaciones antes de las 15:00 horas de este miércoles. Una vez recibidas, el tribunal tendrá que resolver si mantiene, modifica o levanta la suspensión cautelar que pesa sobre la Ley de Nietos en el ámbito electoral.

De ellos, un porcentaje significativo corresponde a personas que han obtenido la nacionalidad española gracias a la Ley de Memoria Democrática. Si el tribunal decide mantener la suspensión, estos ciudadanos no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, lo que podría alterar los resultados en algunas circunscripciones con alta concentración de residentes en el extranjero.

Para los afectados, la situación es especialmente delicada. Muchos de ellos ya han recibido la documentación electoral en sus domicilios en el extranjero, lo que podría generar confusión. Organizaciones como el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior de la Ciudadanía Española en el Exterior han pedido claridad y transparencia en el proceso, instando a las autoridades a informar con precisión sobre quiénes podrán ejercer su derecho al voto y quiénes no.

Mientras tanto, los partidos políticos han reaccionado con cautela. Vox, uno de los impulsores de la impugnación de la Ley de Nietos, ha celebrado la decisión del Supremo de dar voz a las partes antes de resolver.

El reloj corre: qué pasará en las próximas horas

En el ámbito jurídico, la polémica ha reavivado el debate sobre el alcance de las suspensiones cautelares en procesos electorales.

Para los ciudadanos inscritos en el CERA, la incertidumbre es máxima. Muchos de ellos han seguido con atención el desarrollo de los acontecimientos y se preguntan si podrán ejercer su derecho al voto el próximo 29 de noviembre. Organizaciones de emigrantes españoles han pedido a las autoridades que aceleren los trámites de certificación individual para aquellos que sí puedan votar, evitando así que se queden sin ejercer su derecho por cuestiones burocráticas.

En las próximas horas, el Supremo analizará las alegaciones presentadas y tomará una decisión que podría marcar el rumbo de las elecciones generales. Mientras tanto, los partidos políticos y las instituciones electorales trabajan contrarreloj para adaptarse a cualquier escenario. Lo que está claro es que el fallo del tribunal tendrá consecuencias políticas, jurídicas y sociales de gran calado, especialmente para los miles de españoles en el extranjero que esperan poder votar en los comicios del 29N.