Canarias aprueba las ayudas para víctimas de violencia sexual: requisitos, plazos y cuantías
El decreto regulará el procedimiento de concesión, los conceptos clave y los órganos competentes para gestionar las…
La normativa, aprobada en el Consejo Rector celebrado en El Hierro, establece por primera vez los requisitos de acceso, los plazos y las cuantías, además de definir conceptos fundamentales como «víctima de violencia sexual» o «víctima dependiente de la unidad familiar».
El texto, impulsado por el Gobierno de Canarias, detalla cómo acreditar la condición de víctima, el procedimiento para solicitar la ayuda y los órganos competentes para su gestión.
La directora del ICI, Ana Padrón Brito, destacó que la aprobación del decreto se enmarca en la estrategia Islas Iguales, una iniciativa del Gobierno de Canarias para promover la igualdad en todas las islas, con especial atención a los territorios rurales.
Además de la aprobación del decreto, el Consejo Rector autorizó la firma de un convenio con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) para formar a profesionales que intervienen en la atención a víctimas de violencia de género y sexual. El plan formativo incluirá tres acciones concretas.
Qué incluye el decreto y quiénes podrán acceder a las ayudas
1. El XX Encuentro regional de la Red Canaria de servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género, con 12 horas lectivas para 120 profesionales de la Red Canaria de servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género Públicos Especializados, el Servicio de Atención a Mujeres del 1-1-2 (SAVV) y los Centros de Crisis 24 horas.
2. La primera Jornada de Encuentro, Coordinación y Buenas Prácticas de los Centros de Asistencia Integral Especializada 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual en Canarias, con 8 horas lectivas, dirigida a mejorar la coordinación entre los distintos recursos disponibles.
3. El curso «Nuevos Enfoques de Tercera Generación para el Abordaje de la Violencia de Género», de 6 horas lectivas, que buscará mejorar la evaluación, el acompañamiento y la intervención con las víctimas, con especial atención a los procesos de recuperación integral y a las intervenciones sensibles al trauma.
el Consejo Rector del ICI también aprobó la firma de dos convenios adicionales para reforzar la lucha contra la violencia de género en el archipiélago. El primero, con la Secretaría de Estado de Seguridad, dará continuidad al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) en las islas. Este sistema permite un seguimiento personalizado de los casos y una respuesta coordinada entre las fuerzas de seguridad y los servicios sociales.
El segundo convenio, con el Ministerio de Igualdad, garantizará la prestación del servicio telefónico 016, que ofrece información, atención y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres. Este servicio es fundamental para las víctimas que necesitan orientación inmediata y confidencial.
Formación para profesionales y próximos pasos en la implementación
Las personas interesadas en solicitar estas ayudas deberán acreditar su condición de víctima mediante informes psicológicos, sociales o judiciales, y podrán presentar su solicitud en los plazos establecidos por la normativa.
El ICI ha informado de que, una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), se pondrá en marcha una campaña informativa para dar a conocer los detalles de las ayudas y los pasos a seguir para acceder a ellas. Además, se habilitarán canales específicos de atención para resolver dudas y orientar a las víctimas en el proceso.
La aprobación de este decreto se enmarca en un contexto más amplio de políticas públicas para erradicar la violencia de género en Canarias. El Gobierno autonómico ha impulsado en los últimos años medidas como la creación de los Centros de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual, la ampliación de los recursos de acogida y la mejora de la coordinación entre las distintas administraciones.
Para las mujeres que sufren violencia sexual, esta normativa representa un paso adelante en la protección de sus derechos y en el acceso a recursos económicos que les permitan reconstruir sus vidas. Sin embargo, organizaciones feministas y colectivos de víctimas han señalado que aún queda trabajo por hacer, especialmente en la sensibilización social y en la prevención de estas agresiones.
